Que las Diputaciones provinciales son un nido de clientelismo y enchufismo político ha sido uno de los principales argumentos utilizados siempre por Ciudadanos para defender la supresión de estas instituciones. El actual diputado del Congreso por Salamanca, Pablo Yáñez, se ha significado especialmente en esa denuncia, y ello pese a que él mismo -poesía eres tú decía Gustavo Adolfo- ocupaba el puesto de personal eventual de designación directa reservado a su grupo (lo de grupo es un decir, ya que dispone de un único miembro) en la Diputación vallisoletana.
Pero si ya chirriaba ese argumento en boca de Yáñez, no digamos la situación que ha deparado su sustitución en la vacante dejada tras incorporarse a su escaño en la Cámara Baja. "El Español", el diario digital que dirige Pedro J. Ramirez, desvelaba ayer que el puesto de confianza asignado a Ciudadanos en la Diputación vallisoletana ha pasado a ser ocupado por la hija de Miguel Ángel González Rodrigo, delegado territorial y como tal máximo responsable orgánico del partido en Castilla y León. "En el partido somos pocos y es una chica bien preparada, buena persona", ha declarado a dicho digital Pilar Vicente, la única diputada provincial de C´s y en consecuencia la encargada de proponer su contratación.
Con ello son dos familiares de primer grado los que cobran del erario contratados por Ciudadanos en Castilla y León para ocupar puestos reservados a personal de confianza. El otro es el propio González Rodrigo, el asistente de mayor rango -Jefe de Gabinete- contratado por el grupo parlamentario de las Cortes con cargo a la subvención de 20.150 euros mensuales que recibe para sus gastos de funcionamiento.
Al contrario que el de su hija, que es de 26.276 euros anuales, la retribución de González no figura publicada en ninguna parte, aunque se supone que no llegará a la de los tres procuradores de Ciudadanos "liberados" por cuenta de las Cortes, que, sumando salario y complemento todos los conceptos, oscilan entre los 89.885 y los 94.205 euros.