Extrañaba sobremanera que entre la treintena de imputados (perdón, investigados) en la causa penal seguida por el doble caso Perla Negra-Polígono de Portillo no estuviera la ex presidenta de Gesturcal y ADE Parques, las dos antiguas empresas publicas de la Junta que perpetraron ambas operaciones inmobiliarias. Resultaba difícil de entender que el Juzgado nº 2 de Valladolid, que instruye dicha procedimiento a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, imputara en su día a todos los ex consejeros de ambas empresas y no hiciera lo mismo con la que fuera máxima responsable de las mismas.
Tan incomprensible "omisión" está a punto de subsanarse, ya que la Fiscalía ha solicitado la declaración en calidad de investigada de la ex viceconsejera de Política Económica, Begoña Hernández, quien se une así a la relación de la que forman parte, entre otros, tanto su antecesor en el cargo, Rafael Delgado, como su sucesor en el mismo, Carlos Martín Tobalina, amén de otros cinco altos cargos del actual gobierno de la comunidad. La Fiscalía solicita que la ex presidenta de Gesturcal y ADE Parques sea investigada por presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude a la Administración.
Esto sucede cuando el gobierno de Juan Vicente Herrera sigue sin personarse en la causa, haciendo caso omiso al ofrecimiento realizado por el Juzgado el pasado mes de noviembre. Donde el PSOE -que, ante la inhibición de la Junta, ha decidido personarse- entiende que se ha producido "un saqueo a las arcas publicas" estimado en 55 millones de euros, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo -que tiene a tres altos cargos en la relación de investigados- entiende que "no hay elementos para constatar perjuicio patrimonial".
Además de declarar ante el Juzgado (es de suponer que su titular atenderá la petición de la Fiscalía), Begoña Hernández deberá comparecer ante la comisión parlamentaria que investiga la trama eólica, cuyo ámbito de actuación se amplió al doble caso Perla Negra-Polígono de Portillo. Después de cesar en julio pasado y permanecer unos meses acogida en la consejería de la Presidencia, la ex viceconsejera cruzó en diciembre la "puerta giratoria" hacia la auditora KPMG, habitual adjudicataria de trabajos de la ADE y otras empresas públicas y sociedades participadas por la Junta.