Llevamos varios años perdiendo empleo público de forma generalizada en todos los niveles, local, regional y estatal. Diferentes estudios muestran indicadores muy graves, como la falta de renovación de plantillas que superan los 50 años, la amortización de plazas producida por jubilaciones, que no sustituyen las escasas convocatorias de empleo público, la realización de excesivas contrataciones temporales, a menudo en fraude de ley, que superan niveles más allá de lo razonable, y la externalización y privatización de algunos servicios públicos que están produciendo un efecto perverso en el empleo público. Pero lo peor de esta situación es que la calidad sigue descendiendo y que son los ciudadanos los que pagan las consecuencias del deterioro, tanto en términos cuantitativos como cualitativos.
El problema del debilitamiento de los Servicios Públicos, en el conjunto del país, no son sus empleados públicos, sino los políticos y gestores que ha politizado la función pública en vez de profesionalizarla, amortizando puestos de trabajo y acortando recursos. Los que no han sabido separar lo público de lo privado. Los que han discriminado a los trabajadores dependiendo su ideología política, arrinconando a funcionarios de carrera y sustituyéndolos por enchufado, y los que han creado desigualdades según el territorio.
El Partido Popular ha cuestionado siempre lo público demonizando y desprestigiando a los empleados públicos, con un triple objetivo, justificar el deterioro de las condiciones de trabajo, seguir con la destrucción de empleo y privatizar algunos servicios públicos que no mejoran ni abaratan costes. Se han constituido estructuras ineficaces que nos cuestan millones de euros y que por su falta de transparencia y control público propician despilfarro y corrupción como estamos viendo.
El nuevo gobierno que se constituya debe recuperar y devolver a la ciudadanía unos servicios públicos que garanticen igualdad y calidad para todos.