Justo el día antes de que la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, presentara a los grupos parlamentarios un supuesto documento-base para negociar un pacto "por la reindustrialización de Castilla y León", el consejo de Administración de la Hullera Vasco-Leonesa solicitaba al Juzgado de lo Mercantil de León la liquidación y extinción definitiva de la empresa ante la falta de de alternativas para salvar el concurso de acreedores en que se encuentra desde el pasado mes de mayo. El incumplimiento por el Ministerio de Industria del Plan 2013-2018 -recorte y retraso en el pago de las ayudas-, junto a la supresión de la normativa que obligaba a las eléctricas a quemar carbón nacional, han hecho inviable la continuidad de la compañía hullera más antigua de España, cuyos 335 trabajadores están sometidos a un ERE que concluye el próximo 15 de abril.
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| Pozo Aurelio de la Hullera Vasco-Leonesa |
Desde que se hizo cargo de la consejería de Economía, Pilar del Olmo asumió la defensa de la minería del carbón reivindicando su condición de sector estratégico de obligada cuota en el mix energético nacional. Este es el gran argumento esgrimido por la Juntaante el gobierno de
Mariano Rajoy y la Comisión Europea para mantener un régimen de ayudas e incentivos, que, junto a una garantía de suministro, hagan viable la extracción de carbón autóctono, en otro caso condenado a desaparecer al no resultar competitivo con el carbón de importación.
Y en estas seguíamos cuando Hullera Vasco Leonesa, todo un emblema de la minería española, tira la toalla y se resigna a un cierre que confirma y agrava la agonía del sector y con él la de las comarcas mineras. ¿Podría hacer la Junta algo más que lamentarse y echar la culpa de ello a los incumplimientos del ministerio de Industria y a la inflexibilidad de la UniónEuropea? A juicio de Izquierda Unida y de los sindicatos, evidentemente sí. UGT, CC.OO. e IU consideran que sería el momento de dar un paso al frente y acudir al rescate de la compañía, haciéndose cargo de la misma para pilotar su gestión, evitar su liquidación y apostar por su viabilidad. Es decir, pasando del apoyo testimonial a una implicación directa que mantenga vivo uno los bastiones de la minería regional.
Pero una cosa es predicar y otra dar trigo, y a la Junta no se le pasa por la cabeza invertir dinero publico en un sector que reivindica como estratégico y cuyo interés social huelga subrayar.
"La Junta no va a meter dinero en empresas en liquidación, no sería gastar bien el dinero de los ciudadanos", dice Del Olmo y se supone que suscribe el presidente
Juan Vicente Herrera. El mismo presidente y la misma consejera que han consentido el monumental sobrecoste del Hospital de Burgos (a 800 millones de euros lo eleva la Plataforma por la Sanidad Publica) o el centenar de millones despilfarrado en la Ciudad del Medio de Soria, megalómano proyecto que, tras haber sido vapuleado por el Tribunal Constitucional, acaba de recibir un
nuevo revés en el Tribunal de Justicia de Castilla y León.
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| Pilar del Olmo, consejera de Economía y Hacienda |
Mientras la minería del carbón agoniza, lo que ha presentado la Junta como punto de partida del "pacto por la reindustrialización" no es ningún documento elaborado "ad hoc", sino que se trata del Plan Director de Promo
ción Industrial contemplado en la Ley de Industria aprobada en septiembre de 2014, que ve la luz de esta manera casi un año y medio después. Un documento de 195 páginas que contiene 200 medidas transversales y otros 150 planes sectoriales, todo ello sin ninguna cuantificación económica, que se plantea como objetivo aumentar hasta el 20 por ciento (ahora está en el 16,5) el peso del sector industrial en el Producto Interior Bruto de Castilla y León. A disposición de dicho objetivo se pone la llamada "lanzadera financiera", esa especie de panacea que por lo visto va a resolver como por ensalmo los problemas de financiación de empresarios y emprendedores de la comunidad.
Aparte de su falta de evaluación económica y de su inconcreción territorial, el citado Plan dista mucho de ajustarse al modelo de desarrollo sostenible que sería deseable en Castilla y León. Un buen ejemplo lo tenemos en su propuesta de impulsar "la exploración y explotación del gas natural no convencional", esto es el "fracking". Lo que el PP metió de tapadillo en su programa electoral autonómico, donde hablaba de "investigar el potencial endógeno de nuestra comunidad mediante la búsqueda de nuevos yacimientos de hidrocarburos", ahora se torna en una clara apuesta por el "fracking". Nada sorprendente por otra parte, conocido
el posicionamiento previo mantenido por la Junta.
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| Manifestantes contra la mina de uranio en Salamanca |
En esa línea se enmarca el veto ejercido por el grupo popular en el pasado pleno de las Cortes a la proposición de ley presentada por el grupo socialista enfocada a extremar las garantías de protección medioambiental ante los evidentes riesgos para el ecosistema y la salud humana que comporta la llamada "fractura hidráulica". Lejos de ello, la Junta ha prorrogado recientemente algunos de los permisos de exploración concedidos a la multinacional norteamericana BNK en el norte de las provincias de Burgos y Palencia, a la vez que aboga en el Plan Director de Promoción Industrial por "eliminar las barreras actuales o futuras que puedan impedir estas actividades".
Y a mayor abundamiento, la "Estrategia general de recursos minerales" sugiere la conveniencia de modificar la normativa medioambiental para hacerla compatible con "las actividades extractivas", señalando expresamente el uranio como uno de esos "recursos endógenos" a poner en valor. Todo un espaldarazo a la
gigantesca explotación a cielo abierto promovida por la multinacional australiana Berkeley sobre una superficie de 4.500 hectáreas en municipios salmantinos de Retortillo, Villavieja de Yeltes y Alameda de Gardón.
Un proyecto autorizado en su día por la consejería de Economía y que a su paso por la Unión Europea se ha visto envuelto en el escándalo a causa de la intervención como
"lobbista" de
Manuel Lamela, ex alto cargo de los gobiernos de
José María Aznar y
Esperanza Aguirre, contratado por Berkeley para defender sus intereses ante su antiguo jefe en el ministerio de Agricultura y actual comisario europeo de la Energía,
Miguel Arias Cañete. Dado el componente radiactivo del mineral en cuestión, el proyecto precisa además de autorización por parte del Consejo de Seguridad Nuclear.
¿Este es el modelo de desarrollo sostenible que necesita Castilla y León?