No sé si les habrá pasado a ustedes, pero yo estuve la semana previa a las elecciones tan pendiente de sondeos, todos fallidos dicho sea de paso, y de las noticias de última hora sobre los candidatos a presidentes de gobierno, que luego cuando llegó el día 20 me costaba mucho reconocer en la televisión, aquellos lugres devorados por el fuego en el norte de España. Los testimonios de los afectados eran estremecedores, sobre todo, se preguntaban quién podría haber provocado algo así, mientras miraban alrededor recordando cómo era su paisaje antes del desastre. Y como si la belleza de la naturaleza fuera en sí misma capaz de detener la mano del depredador. Porque ha sido evidente que nadie entendía quién podría haber provocado semejante desastre. Después de las primeras investigaciones, ya se confirma que no sólo ha sido intencional, sino que ha sido organizado, porque fueron múltiples los focos donde se acumularon rastrojos y se encendieron las mechas. Todo fue calculado, simultáneamente a las seis de la tarde del sábado y aprovechando la clandestinidad de la tarde cuando empezaba a oscurecer, surgieron 143 incendios, de los cuales 60 aún quedaban activos el domingo. Ante estos fatídicos hechos, la fiscalía ha iniciado investigaciones para detener a los culpables, sin embargo conviene distinguir entre los ejecutores y aquellos que pudieran ser unos responsables indirectos. Un delito tan planificado no puede depender de una persona descuidada, y desde luego, parte activa de la responsabilidad recae en la reforma que el Gobierno de Rajoy realizó con la oposición de las organizaciones agrarias y otras, como Greenpeace, Ecologistas en Acción, o Amigos de la Tierra. Todos aquellos que supieran lo que significaba dar luz verde a la construcción de viviendas en terrenos quemados. De esta manera y sin pensar las consecuencias, se modificó la Ley de Montes (43/2003), curiosamente una ley que había sido propuesta por el Gobierno de Aznar. Pero ni siquiera la misma ideología política impide que el nuevo gobierno que llega, lo primero que hace es eliminar lo que hizo el anterior gobierno. En suma, borrar la pizarra, para empezar de cero y apuntarse el tanto. La especulación urbanística es sumamente grave porque sólo se rige por las leyes de mercado, unos mercados caníbales como los denomina el sociólogo Bauman, son todos aquellos que maximizan el beneficio por encima de cualquier otra consideración. Pero la modificación de esta ley es aún más peor, porque no solo da luz verde al sector de la construcción en lugares paradisiacos, sino que además se renunció a funcionarizar a los guardias forestales y eso, que fueron ellos los primeros en avisar de la rapiña que pudiera provocar esta reforma, sino también se vieron afectados los equipos destinados en protección civil para combatir los incendios, los cuales tenían una situación laboral precaria y sólo en caso de ser reclamados para combatir incendios cobrarían un salario. Nadie va a pagar por ser responsable, tampoco un Gobierno, ahora en funciones, pensara qué parte de sordera y soberbia hace falta para hacer una reforma de una Ley de Montes que, a la vez, estimula pirómanos para luego perseguirlos.