Oculto tras el diluvio de intrascendencia que constituye el objeto y el norte del ¿debate? social en España; ahogado por los intereses económicos que diseñan, orientan, inventan e imponen los temas de ¿actualidad? con que los medios de información, las notas oficiales y la verborrea de muchos políticos insultan permanentemente nuestra inteligencia; e interesadamente desactivado por la dominación y colonización religiosas a que sin resquicios está sometida la dinámica legislativa, parlamentaria, judicial y política de este país, el tema del derecho a la muerte digna o, dicho de otra forma, el debate sobre el reconocimiento de garantías para poder ejercer el derecho individual a la forma de la propia muerte, es decir, la necesaria discusión pública sobre la eutanasia, ha sido arrumbado al rincón de lo irrelevante, sustraído a la ciudadanía y convertido en olvidada anécdota del pasado.
Un asunto de tal envergadura como el derecho a una muerte digna, que afecta al núcleo profundo de la condición humana y de su misma dignidad y que, en las sociedades sanas debería alzarse como indiscutible fundamento del libre ejercicio de ciudadanía, no puede ser apartado ni hurtado al debate público por los intereses espurios de una clase dirigente abocada a las ruindades electorales o una oposición política cuya mezquindad discursiva no alcanza siquiera a rozar lo fundamental.
La eutanasia, un derecho humano de altísimo valor moral cuyo ejercicio califica éticamente en positivo a las sociedades que lo reconocen, sólo precisa para su aprobación y articulación legales la voluntad de hacerlo. El derecho a la muerte digna que evite el sufrimiento innecesario e impida la degradación inaceptable, es un tema que debe ponerse de nuevo en primera línea del discurso político si de verdad éste quiere regenerarse. Un tema, la eutanasia, cuyo contenido, significado, sentido y consecuencias han sido ya suficientemente argumentadas por especialistas de todo el mundo, con abundantísima bibliografía en estudios, reflexiones y publicaciones, tanto desde el punto de vista médico-sanitario como legal, además de que sus defensores, relevantes autoridades del pensamiento y la inteligencia, desde hace décadas y en todo el mundo han aportado argumentos filosófico-morales y jurídicos de contrastada sabiduría y prístina racionalidad, procedentes de largos y productivos debates, a los que es ridículo seguir oponiendo, en pleno siglo XXI, cirios y oscuras creencias en poderes ocultos, procesiones y cuentos infantiles de mandatos divinos o el paralizador folclore de temblorosas y amedrentadoras supersticiones.