El consejero de Educación apela al mayor acuerdo posible de todos en la constitución del grupo de trabajo
"Pido y ofrezco diálogo y espíritu de consenso. Lo hago seriamente y en firme. Este proceso desembocará en toma de decisiones, sin duda, pero no antes de buscar el mayor acuerdo posible de todos". Así lo ha señalado el consejero de Educación, Fernando Rey, en la constitución del grupo de trabajo relativo al mapa de titulaciones del sistema universitario de Castilla y León. "Llamo, pues, a un pacto por nuestras universidades, empezando, precisamente, por este asunto del mapa de titulaciones. Un asunto respecto del cual, no lo debemos ignorar, no han tenido éxito ninguna de las iniciativas anteriores", ha señalado.
Intervención íntegra del consejero:
Castilla y León posee un sistema universitario extenso (en el territorio), amplio (en su oferta de títulos), complejo (por la variedad y cantidad de actores) y potente (en calidad, aunque desigual). Es la cuarta comunidad autónoma en número de universidades, sólo superada por Madrid, Cataluña y Andalucía. Las cuatro universidades públicas y las cinco privadas forman una tupida red de enseñanza superior, con cerca de 85.000 alumnos. Del total de jóvenes entre 18 y 24 años que viven en Castilla y León, estudian en nuestras universidades el 36,4%, la segunda tasa más alta de España (cuya media es de 29,4%), sólo superada por Madrid. Contamos con 6.175 profesores en las Universidades públicas y 1.482 en las privadas. Y con cerca de tres mil personas de administración y servicios de las públicas. Aunque tenemos un sistema universitario saneado desde el punto de vista económico, lo cual es una peculiaridad en España, el gasto por año de las universidades públicas, por hablar tan sólo de retribuciones de personal y no de funcionamiento, es superior a los 350 millones de euros. Por recordar, tan sólo a efectos de ejemplo, los datos que proporcionaba el conocido Informe Armenteros, de 2012, cada grado innecesario que se suprimiera supondría un ahorro a las arcas públicas de más de 800.000 euros por año de media. Todo esto nos da una cierta idea de la importancia cuantitativa del asunto; evidentemente, la relevancia cualitativa derivada de tener un sistema universitario de la máxima calidad es aún mayor.
Pues bien, el mapa de titulaciones en una cuestión central de la política universitaria y ésta, a su vez, como he señalado antes, lo es de la vida de la Comunidad. La política universitaria es responsabilidad compartida de todos los que estamos representados en este grupo de trabajo ad hoc que hoy se constituye. Citaré, en primer lugar, a las propias universidades porque no hay que olvidar que nuestra Constitución las reconoce autonomía (art. 27.10 CE). Es preciso recordar que no se puede suprimir un centro o enseñanza sin la aprobación del Consejo de Gobierno de la Universidad respectiva. La Junta no tiene la potestad de hacerlo unilateralmente. La responsabilidad alcanza, obviamente, al Gobierno y la administración educativa de Castilla y León. Nuestra Ley de Universidades (Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León) remite "la coordinación de las Universidades" a la Junta, a través de la Consejería de Educación, y en su artículo tercero, apartado f, incluye en tal coordinación "el establecimiento de criterios y directrices para la creación, modificación o supresión de centros o enseñanzas universitarias". En el marco de "la programación universitaria" a la que alude el art. 9 de la Ley, y teniendo en cuenta los criterios a los que se refiere el art. 10, es competencia de la Junta crear, modificar y suprimir centros y estudios universitarios (art. 15.2). Pero sobre este asunto mucho tienen que decir también los agentes sociales: los sindicatos, porque nos encontramos antes decisiones que pueden afectar a los derechos de los trabajadores de las universidades, y los empresarios, porque constituyen una pieza esencial en la vinculación de los estudios al empleo y al desarrollo económico del entorno (art. 10.1). Un papel crucial de engarce entre la Universidad y su contexto social lo juegan los consejos sociales de las universidades. El Consejo Social de la de Valladolid, incluso, ha elaborado unas reflexiones sobre este mismo asunto que me parecen de gran valor. Solicito, por tanto, a los consejos sociales un apoyo especial a este proceso. Y, por último, es preciso tener en cuenta las opiniones de los entes locales afectados. Puede haber quien lo cuestione teóricamente, pero lo cierto es que todas las capitales de provincia e incluso algunas otras localidades cuentan desde hace ya mucho tiempo con oferta de estudios superiores y este hecho es claramente positivo, tanto desde el punto de vista social como económico.
Cuatro actores principales, por tanto: universidades, Administración, agentes sociales y entes locales. Como representante de la Administración educativa, pido y ofrezco diálogo y espíritu de consenso. Lo hago seriamente y en firme. Este proceso desembocará en toma de decisiones, sin duda, pero no antes de buscar el mayor acuerdo posible de todos. Y para el resto de actores, sugiero ya, desde este momento, las líneas rojas que no rebasaremos en este proceso. A las universidades las digo que respetaré escrupulosamente su autonomía constitucional. A los sindicatos, que el mapa de titulaciones no provocará recorte alguno del personal actual (sí tendrá impacto, obviamente, sobre contrataciones futuras). A los empresarios, que tendremos en cuenta sus puntos de vista e inquietudes. Y a los responsables de los entes locales afectados, que no desmantelaremos los campus respectivos, sino que trataremos, justamente, de lo contrario, de encontrar entre todos una oferta de títulos (de grado, de máster, de doctorado e incluso de formación profesional superior) que sea sostenible hacia el futuro, que permita una cierta especialización y una mayor vinculación con el entorno social y económico. Cuando hablamos de un mapa de titulaciones no estamos hablando sólo ni principalmente de suprimir estudios, sino de elegir inteligentemente cuáles ofrecer para hacer sostenibles y atractivos los campus y, en la medida de lo posible, adelantarnos al futuro, a las nuevas necesidades de formación y empleo de nuestros estudiantes y de desarrollo cultural y económico de nuestra Comunidad.
Llamo, pues, a un pacto por nuestras universidades, empezando, precisamente, por este asunto del mapa de titulaciones. Un asunto respecto del cual, no lo debemos ignorar, no han tenido éxito ninguna de las iniciativas anteriores. Es verdad que no puede decirse que no exista cierta racionalidad en la implantación de títulos en nuestra Comunidad. Hasta ahora, el método ha sido, básicamente, el consenso entre los rectores y la Consejería de Educación; pero la propia complejidad derivada de la evolución de las universidades, con una petición constante y creciente de grados y másteres, dificulta ese método que, por lo demás, está conduciendo a un modelo que, como señala el documento del Consejo Social de la Universidad de Valladolid, "parece basado en la idea de que universalizar la enseñanza superior supone ofertar el mayor número posible de titulaciones en el mayor número de sitios posible, no importando mucho si ello ha sido a costa de la calidad en la docencia o en la investigación". En ese mismo texto se sostiene que "las universidades públicas de nuestra región mantienen todas un carácter generalista, con un elevado número de especialidades en demasiadas ramas de conocimiento e impartidas en un exagerado número de centros". No sé qué les parecerá a ustedes, pero yo esto no lo juzgo ni racional ni sostenible, ni, por cierto, barato.
Con carácter general, los ciudadanos, y seguramente la mayoría de los que estamos aquí sentados, desde luego yo entre ellos, no entendemos por qué los políticos no alcanzan acuerdos sobre los temas fundamentales que nos afectan a todos. No comprenden, y con razón, por qué no dejan a un lado los intereses localistas, partidistas y egoístas a la hora de buscar el interés general y defender el bien común. Pues bien, también nosotros, que estamos aquí buscando soluciones razonables y sostenibles en un tema clave de la política universitaria de Castilla y León, un tema "de Comunidad", estamos desafiados por esa nueva y saludable actitud de la ciudadanía. ¿Seremos capaces de buscar con inteligencia una solución y de alcanzar un pacto universitario global, perdurable, que permita satisfacer el interés general, que posibilite un diseño inteligente de nuestra oferta de educación superior en el territorio? Que impida, por ejemplo, que haya duplicidades innecesarias de títulos, grados no estratégicos sin alumnado o con un número desproporcionado de alumnos respecto de sus posibilidades de empleo posterior. En Castilla y León se ofrecen 298 grados universitarios, de los cuales 60 cuentan con menos de 35 alumnos de nuevo ingreso en los tres últimos cursos; bastante entre ellos, con menos de diez alumnos. ¿Es esto razonable? Todo ello supone, naturalmente, un enorme esfuerzo económico para las arcas de la Comunidad y el bolsillo de los ciudadanos. Pero el objetivo no es tanto ahorrar dinero público, una vez superada la fase más dura de la crisis económica, sino gastarlo mejor, empleándolo en mejorar nuestras universidades, su internacionalización, las ayudas al estudio, la investigación, la transferencia de conocimiento, y tantas otras metas vitales.
La Universidad no debe orientarse sólo por razones económicas. En ese caso, dejaría de ser digna de tal nombre. En la Universidad se crea y se transmite la alta cultura y por eso también debe albergar estudios sin valor económico. No son los mercados los que deben diseñar el mapa de titulaciones. Pero la Universidad debe tener en cuenta los argumentos financieros y presupuestarios, sus costes, su transferencia a la sociedad, la empleabilidad de sus alumnos. Un diseño inteligente de la Universidad debe, pues, moverse entre el idealismo y el realismo, evitando contradicciones y obteniendo una síntesis feliz. Nuestra idea es que un comité técnico de la Consejería, liderado por la Directora de Universidades, elabore un Informe de situación y propuestas antes del 1 de mayo de 2016. Para la confección de ese Informe, el comité se irá reuniendo con todos ustedes, visitará todos los campus, hablará con los responsables universitarios, los actores sociales, los alcaldes y presidentes de diputación, para que les transmitan sus argumentos, sus propuestas y puntos de vista. El Informe será obra de todos. Doy por supuesta su implicación, responsabilidad y sensatez. Por favor, que los esfuerzos vayan dirigidos a diseñar un mapa inteligente y de futuro y no a defender lo indefendible. Un buen criterio que les propongo es que imaginen que los recursos públicos que van destinados a la universidad fueran de su bolsillo. Es un criterio que personalmente suelo emplear a menudo. Una vez elaborado el Informe, será discutido en este Grupo de trabajo y, posteriormente, informado por el Consejo de Universidades.
El Informe deberá intentar ordenar la situación actual de oferta de títulos, pero también, y sobre todo, deberá precisar los criterios (esbozados en el art. 10 de nuestra Ley de Universidades) para aprobar grados y másteres a partir de ahora. El Informe, en su capítulo de propuestas, deberá distinguir las actuaciones a corto plazo y a medio plazo. Habrá de ser un texto lo más concreto y realista posible, que tome en consideración no sólo la oferta de grados, sino también de postgrados y doctorados, y deberá detallar las propuestas en relación con cada campus y cada rama del conocimiento, buscando esa especialización inteligente de la que hablamos. También deberá precisar la situación jurídica del personal afectado y los cálculos económicos de todo este proceso, tanto de gasto como de ahorro.
¿Seremos capaces de lograr entre todos el consenso que os ofrezco y os pido en este momento? ¿Estaremos a la altura? Yo estoy seguro de que sí. Toda la Comunidad nos lo está demandando. No podemos defraudar de nuevo a tantos.