Últimamente debido a la crisis socioeconómica hasta las celebraciones no lo parecen cuando estamos ante avances en valores sociales, como el compromiso social, la solidaridad, la equidad y el respeto a la diversidad funcional. El último jueves, 3 de diciembre, se celebró el Día Internacional de la Discapacidad con el propósito de seguir avanzando en la inclusión e integración de las personas con discapacidad. Algunas asociaciones han llegado a pedir la reforma de la Constitución, probablemente porque estamos en un contexto electoral. Las personas con discapacidad no necesitan más legislación, existe ya mucho papel, el problema es de puesta en práctica y efectividad.
En nuestro país se han producido grandes avances en materia legal y en atención educativa y sociosanitaria; pero después de casi tres décadas de desarrollo de la LISMI (Ley de Integración de los Discapacitados), que supuso un punto de inflexión, se avanza; pero se hace muy despacio porque cuesta cambiar las prácticas y conductas discriminatorias en contraposición a los Derechos.
Nadie duda que las Personas con Discapacidad constituyen un grupo social, injustamente tratado frente a otros que a estas alturas de desarrollo constitucional siguen con ciertos privilegios de clase. Por muchas razones; pero sobre todo por los prejuicios, estereotipos, actitudes y otras circunstancias siguen existiendo barreras para avanzar en su inclusión e integración. La integración educativa, el empleo protegido y la cuota de reserva o las ayudas a los centros de especiales de empleo han supuesto avances significativos; pero siguen registrándose niveles muy bajos de ocupación en España y en toda la Unión Europea. Cuando el empleo es la principal herramienta para la integración social. Se pueden aludir muchas excusas para justificar esta situación; pero algunos estudios ponen de manifiesto que el absentismos es mucho menor en los trabajadores con discapacidad. En este sentido, no se ha sabido o no se ha querido aprovechar la bonanza económica para poner las bases del cuarto pilar del Estado del Bienestar, la Atención sociosanitaria y la Sostenibilidad Social. Las buenas intenciones de la ley de Autonomía Personal y Dependencia, que fue instrumentada como el gran logro de pasada la década, se ha desarrollado de manera desigual y actualmente no protege con efectividad a los más vulnerables, las personas con discapacidad y/o las personas muy dependientes. Para su mayor efectividad debería conseguir un Consenso Nacional, tanto para su valoración como en prestaciones y servicios. Porque cuando se avanza en términos de Justicia Social se avanza en modernidad y en sostenibilidad y, cuando ésta se alcanza, hayrazones para estar satisfechos y realizar celebraciones.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, ratificada por España en abril de 2008, persigue sensibilizar y promocionar sus Derechos con recursos y cambios en las actitudes sociales. En este sentido, los profesionales de Educación, Sanidad y de la Justicia tienen la responsabilidad social de aportar términos y conceptos apropiados para con la diversidad funcional humana. Por eso se debe utilizar Personas con Discapacidad, frente a discapacitados, minusválidos, inválidos, inútiles, etc. Dado que éstos suponen reforzar prejuicios y crear barreras a las Personas con Discapacidad.
En relación con la Salud, en su articulo 25 esta Convención establece que la Atención Sanitaria tiene que ser de la misma calidad que la del resto de pacientes y reforzar el principio ético de la autonomía personal a través de consentimiento informado porque ésta les reconoce a todos la capacidad jurídica de hablar y decidir, incluidos las Personas con Discapacidad Intelectual. Estas son personas con limitaciones cognitivas y adaptativas; pero nada más, luego a informar, escuchar y ayudarles a decidir sin daño o efecto nocivo. Es decir, lo que pasa a cualquier persona cuando busca asesoramiento de otros profesionales para tomar decisiones acertadas, adecuadas y seguras.
Vida Saludable a las Personas con Discapacidad.
JAMCA