¿A qué espera la Junta para personarse, como parte perjudicada que es, en la causa judicial que investiga el "caso Perla Negra-Polígono de Portillo", el doble y multimillonario pelotazo inmobiliario perpetrado a costa de las arruinadas empresas publicas ADE Parques y Gesturcal?
Dos meses han pasado desde que tanto el Juzgado como la Fiscalíaofrecieran a la Administración Autonómica dicha personación y esta es la fecha en la que el gobierno de Juan Vicente Herrera continúa mareando la perdíz.
El PP ha echado abajo en las Cortes la proposición presentada al efecto por el grupo socialista, sin que sirviera de nada el apoyo prestado a la misma por Podemos, Ciudadanos, IU y UPL, que no comprenden como la Junta puede seguir inhibiéndose de una causa en la que sustancia un quebranto a las arcas de la comunidad cifrado en varios decenas de millones de euros. El grupo popular defiende que se trata de una decisión "estrictamente técnica y jurídica" que se adoptará siguiendo el criterio de los servicios jurídicos. Y la cosa puede ir todavía para largo, ya que, según explicó el procurador Raúl de la Hoz, existe plazo para ello hasta que se concluyan las diligencias previas y se proceda a la calificación provisional de los hechos.
En realidad, algo vamos avanzando, ya que, a tenor de lo argumentado por De la Hoz, se entiende que si la Junta se persona lo hará como acusación. Sin duda, todo un avance, habida cuenta de que, por increible que parezca, hace dos meses la duda del gobierno Herrera era si se personaba como acusación o lo hacía en defensa de los seis altos cargos de la Junta, seis, imputados en el caso por el Juzgado que instruye las diligencias.
Lejos de compartir la pretensión del PP de que se trata de un mero trámite procesal, ninguno de los demás grupos se ha mordido la lengua al calificar la actitud que viene manteniendo la Junta, que se suma al descarado obstruccionismo de que está siendo objeto la comisión de investigación sobre la "trama eólica", cuyas conexiones con el caso "Perla Negra-Polígono de Portillo" son más que evidentes. Y no se quedó a la zaga Ciudadanos, que, por boca del procurador José Ignacio Delgado, apeló a la "vergüenza y decencia política" del gobierno autonómico. Una posición ésta de "Pocholo" Delgado que contrasta con la laxitud mostrada por su partido cuando, en contra de su cacareado código ético, permitió la investidura de Juan Vicente Herrera sin exigir que prescindiera de los seis altos cargos imputados en la causa.