No ha habido que esperar a hoy para confirmar que el PP le ha puesto la proa al "whistleblowing", la figura legal establecida en algunos países para proteger a los funcionarios o empleados públicos que denuncien ante quien corresponda las prácticas irregulares o presuntamente corruptas que detecten en la Administración, en este caso la autonómica. La Plataformaen Defensa de lo Público (PLADEPU), impulsora de la iniciativa -elevada al pleno de las Cortes a través de una proposición no de ley presentada por Ciudadanos- adelantó ayer que el grupo popular no apoya la creación de dicha figura, que en consecuencia no será implantada.
¿Qué tiene qué esconder el PP para oponerse a una medida que simplemente persigue proteger a los funcionarios o empleados públicos dela Junta que, siendo testigos de chanchullos o corruptelas, no se atreven a denunciarlos por temor a sufrir represalias a causa de semejante osadía? La pregunta se contesta por sí sola, máxime después de que hayan salido a la luz escándalos como los de la "trama eólica, la Perla Negra o el fantasmal polígono de Portillo, que a buen seguro no son más que la punta de un gigantesco iceberg que sigue permaneciendo oculto.
¿Dónde quedan los cacareados compromisos de Juan Vicente Herrera con la transparencia, la "regeneración democrática" y la limpieza en la gestión de la Administración Autonómica? Al igual que la anterior, la pregunta vuelve a contestarse sola. Con el agravante -tal como ha subrayado Quinidio Martínez, el portavoz de PLADEPU- de que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, acaba de proponer algo muy similar para que los funcionarios de Cataluña puedan denunciar al Estado posibles prácticas irregulares en la Generalitat.
Por si fuera poco, en el pleno de las Cortes de ayer el consejero de la Presidencia, el inefable José Antonio de Santiago-Juárez, poco menos que se jactó de la concesión de las llamadas "bufandas", esas gratificaciones que el presidente y los consejeros de la Junta reparten periódica y discrecionalmente entre determinado personal de su confianza y de las que, para mayor inri, la Junta se niega a informar a la representación legal de los funcionarios y empelados públicos. Veremos si De Santiago-Juárez se muestra tan ufano cuando lleguen a los Juzgados las denuncias por presunto fraude de ley y malversación de fondos anunciadas por la Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Junta.