El Defensor del Profesor de Castillal y León atendió el pasado curso a un total de 57 docentes que denunciaron agresiones, seis de ellos en Salamanca
El sindicato independiente ANPE ha presentado hoy en Salamanca el informe del Defensor del Profesor que pone de manifiesto un aumento de la conflictividad en las aulas, ya que el curso pasado atendió en Castilla y León a un total de 57 docentes que denunciaron amenazas, agresiones o insultos, frente a los 46 del curso 2013/14. De estos profesores, seis pertenecen a Salamanca y supone el doble de las denuncias presentadas en el ejercicio anterior, en el que solo hubo tres.
Pilar Gredilla Fontaneda, presidenta de ANPE Castilla y León, Nicolás Ávila Villanueva, vicepresidente de ANPE Castilla y León y Jesús Niño Triviño, Defensor del Profesor, han sido los encargados de presentar los datos de este servicio "gratuito, personalizado y de actuación inmediata" y han dado a conocer otros datos significativos como que también se han incrementado los casos de agresión física o verbal de padres a profesores de Educación Primaria y que de los 57 casos registrados, un total de 38 han sido denunciados por mujeres.
Según ha afirmado Jesús Niño, "tras nueve años de atención a los docentes se observa que una media de 45 docentes se ponen en contacto con este servicio para solicitar ayuda por problemas de amenazas, acoso, agresiones o insultos", destacando que 22 de ellos han presentado ansiedad o estrés por este motivo y otros ocho, de los 57 atendidos, han derivado en baja laboral, mientras que once afectados necesitaron medicación.
"Hay que denunciar cualquier situación que consideren falta o delito, porque la conflictividad en el aula que no se solventa, aumenta los problemas", han subrayado los representantes del sindicato ANPE, y han criticado que muchos casos no llegan a la Administración por la exigencia en la información que se les solicita a los docentes.
Por su parte, Nicolás Ávila, presidente de ANPE Salamanca, ha vuelto a exigir la implicación de la Administración en la aplicación de la ley de protección del menor y que, tras la modificación del año pasado, se haga cargo de rescatar la información que se exige al profesorado para demostrar que está limpio de delitos de agresión. "Estamos de acuerdo en el fondo de esta modificación pero no en la forma porque ahora se le exige a los profesores que presenten ellos el certificado de inocencia, cuando debe ser la Administración la que recoja toda esa información".
Fotografías: Sandra Hernández