El derecho a la vivienda no está garantizado hoy día en España como derecho fundamental
Autor: Jorge Valle Álvarez. Activista de Amnistía Internacional
600.000 ejecuciones hipotecarias desde el año 2008. 3.600.000 viviendas vacías en España. Tan solo un 2% de viviendas de protección oficial. Son datos que explican el verdadero drama social que suponen los desalojos hipotecarios en nuestro país y sobre el que Amnistía Internacional ha querido poner énfasis con su Informe sobre el derecho a la vivienda, presentado la semana pasada y debatido este jueves con representantes de los partidos políticos. La mesa redonda se celebró en el Centro de Estudios Brasileños a las 18:00h, y a ella acudieron Andrés Álvarez, representante de la plataforma Stop Desahucios, Fernando Vegas, concejal del grupo municipal del PSOE, David Castaño, procurador de las cortes de Castilla y León por Ciudadanos, Estefanía Rodero, secretaria general de Podemos Salamanca, y Gabriel de la Mora, representante del grupo municipal Ganemos. Al acto, que también contó con varias intervenciones del público y que se alargó hasta las dos horas, no asistió ningún representante del Partido Popular, a pesar de que también fueron invitados a unirse al debate. El partido que gobierna el Ayuntamiento demuestra una vez más su reiterada falta de interés en este tema.
Dio comienzo al debate David Castaño, quien basó su intervención en las propuestas que ha elaborado su partido para aliviar este drama social: la dación en pago retroactiva (aunque solo en algunos casos), la ley de la segunda oportunidad o el alquiler de la vivienda social son, no obstante, medidas insuficientes para un problema cuya solución "no es a corto plazo", sino que "pasa por una reforma de la Constitución". El procurador de las cortes por Ciudadanos reconoció el poco margen del que dispone su partido en la Comunidad Autónoma, y sostuvo que su mayor preocupación es la renta básica garantizada, que "cobra poca gente y hay mucha otra que debería cobrarla".
Por otro lado, el PSOE presumió del "impresionante gasto social" y de las políticas sociales llevadas a cabo durante el gobierno de Zapatero, aunque Fernando Vegas también reconoció errores y se mostró autocrítico: "no se ha hecho todo lo posible". Sus propuestas: dotar de contenido al derecho de la vivienda que aparece recogido en la Constitución, poner en marcha los mecanismos para que quede blindado de verdad, apostar por el alquiler social, exigir a las entidades públicas y financieras que pongan viviendas a disposición del Ayuntamiento y otorgar al orden jurídico los instrumentos suficientes para frenar los desalojos. Advirtió, al igual que David Castaño, de la necesidad de tomar precauciones con respecto a la retroactividad de la dación en pago. Vegas también expuso su concepción sobre lo que es el derecho a la vivienda, entendido exclusivamente como un derecho de propiedad. Un error para el concejal socialista, para quien "el problema de la vivienda en España es absolutamente trascendental". Por último, se mostró "abierto a todos aquellos que quieran hablar y buscar soluciones".
El representante de Ganemos, Gabriel de la Mora, se mostró crítico con las actuaciones de PSOE y Ciudadanos. Al primero le reprochó la falta de credibilidad de un partido que no presentó ninguna medida para aligerar la burbuja inmobiliaria durante su estancia en el gobierno entre 2007 y 2011. Al partido naranja, su apoyo al Partido Popular, que gobierna en Salamanca gracias a Ciudadanos, y su abstención a la propuesta de un decálogo de medidas contra los desalojos presentada por Ganemos y el PSOE en el pleno del Ayuntamiento. En cuanto a sus propuestas, Gabriel de la Mora se comprometió a estudiar y llevar al Ayuntamiento todas las medidas que se propongan desde cualquier organización social, dar transparencia a todas las viviendas que están en manos del Ayuntamiento y hacer un inventario de las viviendas del SAREB, así como intentar que el gobierno municipal negocie con las entidades que promueven los desalojos.
Podemos, por medio de su secretaria general en Salamanca, Estefanía Rodero, exigió responsabilidades políticas para acabar con el proceso de institucionalización de la estafa inmobiliaria, apostó por el blindaje de todos los derechos sociales ?no solo el de la vivienda, sino también el de la educación y la sanidad-, potenciar la vivienda social hasta llegar a niveles europeos, paliar la pobreza energética y legislar de manera más específica el tema de las agencias de recobro. El derecho a la vivienda constituye uno de los cinco ejes clave para el rescate del país que vertebra la campaña electoral del partido morado, que defendió su independencia de los bancos y se mostró del lado de la ciudadanía.
Especialmente crítico y duro con todos los partidos políticos se mostró Andrés Álvarez. Para él, el problema ha sido la falta de voluntad de los partidos, que también tienen responsabilidad en el drama de los desalojos hipotecarios al igual que los bancos. Además, les reprochó el valerse de "un lenguaje ajeno a la realidad" y les instó a hablar de vivienda y no a hacer política. También aseguró que su sola presencia "les debería de dar vergüenza" y que su único deseo es que, tras las elecciones generales del 20 de diciembre, la plataforma Stop Desahucios deje de ser necesaria. Por último, apeló a la conciencia personal de todos.
La realidad es que el derecho a la vivienda no está garantizado hoy día en España como derecho fundamental. Su blindaje en la Constitución se antoja como una tarea imprescindible que debe figurar en los programas electorales de todos aquellos partidos políticos que tengan en cuenta las necesidades de la gente y se preocupen realmente por la defensa de los derechos sociales. Amnistía Internacional pide unanimidad en la defensa de los Derechos Humanos y no solo su debate.