La nueva norma "anula competencias acreditadas" al establecer que las enfermeras no pueden administrar ningún fármaco sin que lo valide un médico
El Colegio de Enfermería de Salamanca y el Sindicato de Enfermería, Satse, han manifestado públicamente su malestar y su preocupación por la aprobación por parte del Gobierno del Real Decreto, pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que regula la denominada prescripción enfermera, ya que "anula competencias que tenemos acreditadas por nuestros estudios universitarios y que en la actualidad se encuentran al mismo nivel que otras titulaciones", tal y como han subrayado este miércoles en Salamanca el presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Diplomados en Enfermería de Castilla y León, Alfredo Escaja, y con la presidenta regional de Satse, Silvia Sáez. Una situación de la que responsabilizan directamente al Gobierno del PP "que se ha dejado arrastrar por la presión del colectivo médico, que ve peligrar su autonomía e independencia en un sistema sanitario construido para los médicos y que, por desgracia, gira alrededor de ellos, en vez de dar servicio a los pacientes".
La aprobación de esta nueva y controvertida norma plantea que una enfermera necesite que el médico valide a través de un protocolo o guía de práctica clínica y asistencial las actuaciones de los enfermeros a seguir en un proceso asistencial. Es decir, "legalmente las enfermeras no pueden administrar ningún fármaco sin que antes haya un médico que determine el diagnóstico del paciente".
Hay otro aspecto en el que también inciden desde el Colegio de Enfermería de Salamanca y de SATSE, y es que el nuevo texto vulneraría la legislación vigente, en concreto la Ley 28/2009 que modificó la Ley del Medicamento, "en la que se permite a los enfermeros prescribir en el ámbito competencial de sus propios diagnósticos y actuaciones respecto a los cuidados que se dan en cualquier proceso asistencial". Si finalmente, aseguran, el texto se publica en el BOE, "se podrá perjudicar gravemente no solo la actividad de los enfermeros, sino también de todos los servicios que proporcionamos a los ciudadanos y pacientes, a los que queremos dejar claro que para nada estos perjuicios serán voluntad de las enfermeras, sino que se producen porque perderíamos el respaldo legal que nos avala para poder actuar sin que suponga una exposición innecsaria de los pacientes ni una pérdida de la seguridad jurídica de las enfermeras".
"Presión del colectivo médico"
La "presión del colectivo médico", aseguran, ha derivado en la situación a la que ahora se enfrenta el colectivo de Enfermería. "En Castilla y León ya conocemos estas conductas", añaden, pues hace más de un año, el Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería, SATSE y la Consejería de Sanidad suscribieron un acuerdo para el desarrollo profesional de la enfermería en Castilla y León que supondría un beneficio para la asistencia sanitaria a los ciudadanos. Sin embargo, "la consecución de algunos de los proyectos planteados en este acuerdo se vio truncada a finales de la anterior legislatura, cuando los médicos presionaron al consejero para parar determinadas actuaciones de las enfermeras, como la puesta en marcha de la Estrategia de Atención al Paciente Crónico, de la gestión a la demanda en Atención Primaria, modificando la norma de Gestión Clínica y parando el reconocimiento de los puestos de enfermeras gestoras de casos en Atención Primaria y Especializada". Una situación que, subrayan, "volvió a ser un ataque a nuestra profesión y un desacierto por parte de la Junta de Castilla y León y de su titular de Sanidad que se dejó llevar por la presión ejercida por el colectivo médico".