El derecho a la vivienda corre peligro en España. Las autoridades españolas no han adoptado medidas suficientes para proteger y hacer efectivo este derecho. Los desalojos hipotecarios están entre las consecuencias más visibles de las dificultades por las
Autora: Mapi Hierro, activista de Amnistía Internacional Salamanca.
Sabías que en España desde 2007 hasta el primer trimestre del 2015 se han producido 624.690 ejecuciones hipotecarias y 8.178 en el primer trimestre del 2015. Nunca como ahora, la larga crisis económica ha impactado tan negativamente en la vida de miles de españoles donde las dificultades económicas sobrevenidas, no les han permitido cubrir sus necesidades más básicas ni hacer frente a las cuotas hipotecarias o de alquiler de su vivienda habitual, lo cual a su vez ha supuesto miles de desahucios vulnerando el derecho a una vivienda digna.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial desde 2007 hasta el primer trimestre del 2015 se han producido en el Estado Español 624.690 ejecuciones hipotecarias, 8.178 en el primer trimestre del 2015; o lo que es lo mismo, en el primer trimestre de 2015 se han ejecutado una media de 136 desahucios diarios. Si además consideramos que en España tenemos una de las políticas de vivienda social más débiles de toda Europa -se estima que el parque de vivienda social representa tan sólo el 1 - 2 % del total de viviendas comparado con el 32% de Holanda, el 23% de Austria, el 18% del Reino Unido o el 17% de Francia y que la partida presupuestaria en vivienda de los Presupuestos Generales del Estado ha bajado más del 50% entre los años 2009 y 2012 y las ayudas sociales se han reducido a la mitad- nos podemos hacer una idea de la magnitud de esta tragedia.
Sin embargo, y aunque la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11) reconoce "el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados ? y que los Estados partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho" y en el marco jurídico nacional, el artículo 47 CE proclama del derecho a una vivienda digna y adecuada así como el deber de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias y las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, y el artículo 33 declara la función social de la vivienda; a fecha de hoy, la vivienda se sigue considerado un bien de consumo o inversión, y no como un verdadero derecho humano con obligaciones para las autoridades.
En España, se da el caso, de que la legislación no permite que las personas puedan reclamar la defensa del derecho a la vivienda ante los tribunales ni permite que los jueces analicen la proporcionalidad de un desalojo caso por caso y el impacto del mismo en la vida de las personas. Tampoco las autoridades han creado un mecanismo que supervise las negociaciones entre las entidades financieras y las personas afectadas. Así pues, los desalojos hipotecarios, sin las garantías necesarias, están afectando negativamente al derecho a una vivienda adecuada.
Para entendernos, la pérdida del hogar es una de las peores formas de intromisión en el derecho a una vivienda adecuada y en el derecho a la vida privada y familiar, y los desalojos hipotecarios, cuando se hacen sin respetar las garantías internacionales de derechos humanos, pueden dar lugar a violaciones de estos derechos.
Así pues, se deben habilitar mecanismos jurídicos y judiciales que permitan defender ante los tribunales el derecho a la vivienda de las personas afectadas por desalojos hipotecarios. Los jueces deben disponer de los medios jurídicos necesarios para evaluar en cada caso la proporcionalidad y razonabilidad de un desalojo en las ejecuciones hipotecarias de viviendas habituales. Debe establecerse un mecanismo preceptivo que vigile la negociación entre bancos y familias, para garantizar que el desalojo es realmente el último recurso una vez examinadas todas las alternativas posibles. Las autoridades públicas en todos los niveles de gobierno (central, autonómico y municipal) deben asimismo adoptar medidas para proporcionar acceso a la vivienda, garantizando la transparencia y el acceso a la información pública.
Recordemos que, es en tiempos de graves restricciones de recursos cuando debe darse prioridad a la protección de los miembros más vulnerables de la sociedad. Si desalojas de su casa a las personas, éstas perderán gran parte de mi vida!
Lee el informe de Amnistía Internacional de junio de 2015 "El derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España" donde se analiza la ejecución hipotecaria de viviendas habituales y hasta qué punto las autoridades públicas no están adoptando todas las medidas necesarias para proteger y realizar de manera progresiva el derecho a la vivienda en España. El derecho a la vivienda es un derecho humano que está siendo vulnerado en España. Su defensa está en tus manos.
link del informe: