La propuesta presentada propone la devolución de un 50% de la extra antes de finalizar 2015 y el otro 25% durante el próximo año
En la quinta reunión de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, celebrada esta tarde en la Consejería de la Presidencia, el Gobierno autonómico ha presentado una nueva propuesta a los sindicatos. En relación con la devolución de la extra pendiente de 2012, el planteamiento expuesto incluye la devolución de un 50% de la extra antes de finalizar 2015 y el otro 25% durante 2016. La Junta también ha concretado otras propuestas, como las relativas a días de asuntos particulares, jornada laboral y mejora y modernización de la Función Pública.
La Junta de Castilla y León acordó la devolución del 25 % de la paga extra de diciembre de 2012 en el mes de abril de 2014, haciéndola efectiva en dos plazos. El 75 % pendiente es la cantidad que se ha estado negociando, y que supera los 150 millones de euros. Esta propuesta es la mejor de cuantas han planteado las administraciones; el Estado devuelve el 26,23 % y el resto a lo largo de 2016.
Otro de los asuntos propuestos se refiere a los días de asuntos particulares por antigüedad y días adicionales de vacaciones por antigüedad. El Gobierno de la Nación ha modificado la legislación básica ampliando a seis el número de días de asuntos particulares ('moscosos'). Desde la entrada en vigor de esa disposición, que afecta a todos los empleados públicos, los de la Junta tienen ese sexto 'moscoso'. La propuesta de acuerdo amplía en dos meses el plazo de disfrute de ese día hasta el 31 de marzo de 2016.
Para los días de asuntos particulares por antigüedad y días adicionales de vacaciones por antigüedad, el Gobierno de la Nación establece que las Administraciones Públicas podrán recuperar ese tipo de días; deja por tanto opción a cada Administración. La Junta de Castilla y León propone recuperar la mitad de los días de 2015 y todos a partir de 2016. El disfrute de los días recuperados de 2015 se realizará entre 2016 y 2017 para que el servicio público se pueda seguir prestando con normalidad. Los representantes de los trabajadores han rechazado la oferta: prefieren que la Administración pague el 26,23 % de la extra en 2015 y que se recuperen todos los días por antigüedad de 2015, en lugar de la mitad que incluye la propuesta de la Junta de Castilla y León.
En la propuesta del Gobierno autonómico se contempla que los días adicionales a las vacaciones y los de asuntos particulares por antigüedad no implicarán sustituciones salvo en el sector de sanidad y servicios sociales, donde la decisión corresponderá a las Gerencias autonómicas, según las necesidades del servicio. A lo largo de este año 2015 el coste de las sustituciones en sanidad supera los 60 millones de euros.
Un tercer punto de la propuesta presentada esta tarde también recogía reclamar de forma inmediata, y de manera conjunta, al Gobierno de la Nación actual y al que se constituya después de las elecciones generales del 20 de diciembre: la recuperación de la jornada de 35 horas, el pago del 100 % de las retribuciones de los empleados públicos durante las bajas laborales, la retirada de las medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y que el pago de la extra de 2012 y las imprescindibles sustituciones no computen con el objetivo del déficit de cada año.
Medidas de mejora y modernización de la Función Pública
El acuerdo trasladado por los responsables de la Junta en materia de Función Pública incluía un bloque de medidas dirigidas a mejorar y modernizar la función pública de Castilla y León, resumido en 14 puntos:
- Modernizar las RPT avanzando hacia un sistema de ordenación de puestos de trabajo que permita adaptar con agilidad la estructura de la Administración a las necesidades del servicio público, para ello se modificará la Ley de Gobierno y de la Administración de la Comunidad antes de que finalice 2015.
- Negociar los puestos tipo, garantizando que las RPT incluirán sólo esos puestos tipo.
- Aprobar las nuevas RPT de servicios periféricos y centrales durante el año 2016 y a continuación convocar las plazas vacantes a través del concurso abierto y permanente.
- Estudiar a lo largo de 2016 la posibilidad de avanzar de un modelo de prevención de riesgos laborales mixto hacia otro en el que las cuatro especialidades preventivas sean públicas.
- Desarrollar durante el año 2016 el estatuto básico del empleado público en la Comunidad de Castilla y León, adaptando la ley de función pública en temas tales como ingreso y provisión y situaciones administrativas, entre otros.
- Reducir la interinidad a través de las convocatorias de ofertas de empleo público agotando las tasas de reposición que el Estado marca como máximas anualmente.
- Realizar promoción interna cada dos años.
- Avanzar en la negociación del convenio colectivo de personal laboral de la Junta de Castilla y León.
- Iniciar la negociación de un Plan de Igualdad para los empleados públicos de la Junta de Castilla y León con el objetivo de concluir el diagnóstico de situación en el primer trimestre de 2016 y la aprobación del Plan en el primer trimestre de 2017.
- Mejorar la carrera profesional a través de la promoción de los empleados públicos, y para ello: los secretarios generales y directores generales serán empleados públicos, salvo en casos excepcionales debidamente motivados en el decreto de estructura; se reconvertirán una parte de las plazas que ahora se proveen mediante el sistema de libre designación, por plazas de concurso específico; y se revisará el sistema de acceso a las plazas de concurso específico cuya ocupación se someterá a evaluación y no será indefinida.
- Modernizar la acción social de la Junta reorientándola hacia conciliación de la vida familiar y laboral y la atención a las personas con discapacidad.
- Evaluar el funcionamiento del teletrabajo durante 2016 a través de una auditoría de la Inspección General de Servicios para, en función de los resultados, tomar una decisión sobre su continuidad o modificación.
- Reorientar la formación dando prioridad a la dirigida a mejorar los conocimientos del empleado público para el desempeño de su puesto de trabajo tras el acceso al mismo.
- Negociar un nuevo régimen de bolsas de empleo.