El Ministerio de Empleo y Seguridad Social calcula que se logrará que el autoempleo crezca en 550.000 personas hasta 2019
La entrada en vigor ayer de la Ley de Fomento del Trabajo Autónomo y de la Economía Social, que tiene como objetivo es incentivar el autoempleo entre los parados, permite, entre otras cosas, que se pueda compaginar durante un máximo de nueve meses la prestación por desempleo con el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RRTA), una posibilidad que hasta ahora estaba reservada a los menores de 30 años.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social calcula que con la entrada en vigor de esta ley se logrará que el autoempleo crezca en 550.000 personas hasta 2019.
Entre las medidas más relevantes de esta ley también está la ampliación de la 'tarifa plana' para los autónomos, fijándose la cuantía de la cuota por contingencias comunes en 50 euros exactos durante seis meses.
La nueva normativa también extiende a todos los parados la posibilidad de que puedan capitalizar hasta el 100% de la prestación por desempleo, es decir, cobrar la totalidad de la cuantía en un único pago. El objetivo de la medida es facilitar la inversión y ayudar a hacer frente a los primeros gastos de la apertura de un negocio. Antes la capitalización estaba limitada al 60% de la prestación si el desempleado era mayor de 30 años. Hasta 150.000 personas podrían beneficiarse de esta modificación en la regulación, según la estimación del Ministerio de Empleo.
Además, todos los autónomos podrán compatibilizar durante un máximo de nueve meses la prestación por desempleo con el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), posibilidad hasta ahora reservada únicamente a los menores de 30 años. Para favorecer la seguridad del emprendedor y facilitarle una segunda oportunidad, se amplía el plazo, desde los 24 hasta los 60 meses, para la reanudación de la prestación por desempleo una vez iniciada una actividad por cuenta propia a todos los trabajadores con derecho a prestación.
Por otro lado, para facilitar la incorporación de nuevos socios a la Economía Social, la Ley amplía las bonificaciones a todos los tramos de edad. Para los mayores de 30 años (35 años con discapacidad igual o superior al 33%) se crea una bonificación de 800 euros al año durante un máximo de tres. En el caso de los menores de 30 años, la cuantía de la bonificación se amplía a 1.650 euros durante el primer año.