Ni los gobiernos ni la UE están a la altura de la situación. Ni cumplen la ley ni estimulan ni organizan la solidaridad ciudadana. Y la indecencia se expande en gobiernos como el de Hungría o Eslovenia, que maltratan a los refugiados contra todo derecho y
Autor: Guillermo Castán Lanaspa
Las mismas personas y organizaciones que llevamos años luchando por los derechos a una vida digna de todas las personas que han sido expoliadas o víctimas de la crisis en nuestro país, que llevamos años luchando por la vivienda, la sanidad, la dependencia, contra la pobreza infantil o la pobreza energética, somos las que ahora pedimos solidaridad también con los refugiados. Que nadie pretenda enfrentar a los ciudadanos por los derechos de unos y los de otros: solo hay una lucha común, una sola lucha por los derechos humanos de todos y sin exclusiones.
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas de 1951, firmada por más de 140 países, considera refugiados a las personas que se encuentran fuera de su país de origen al correr riesgo de sufrir violaciones muy graves de sus derechos humanos y no pueden volver a su país porque su gobierno no puede, o no va a protegerles. Debido a las graves consecuencias que sufrirían si regresasen, los refugiados y las refugiadas tienen derecho a protección contra la devolución forzosa a su país de origen.
Las personas refugiadas tienen como tales una serie de derechos, entre otros: Protección contra la discriminación, libertad de religión, identidad y documentos de viaje, derechos laborales, derecho a vivienda, educación y asistencia sanitaria, protección contra sanciones por entrada ilegal o libertad de movimiento.
Además deben tener acceso a una solución duradera, siendo tres las posibilidades: retorno voluntario a su país de origen, integración en el país de asilo y reasentamiento en un tercer país. La repatriación voluntaria debe ser segura y digna, garantizando el pleno respeto de los derechos humanos de la persona retornada. Mientras esperan que el gobierno del país donde están decida si son refugiadas tienen derecho a protección según la legislación internacional mencionada.
Por lo tanto, la legalidad internacional, incorporada al ordenamiento jurídico de los países firmantes (todos los europeos) y de la UE, debe ser cumplida escrupulosamente por nuestros gobernantes, del mismo modo que ellos exigen a los ciudadanos que cumplamos las demás leyes. Y no está siendo así; la UE y los países europeos se han colocado, al menos hasta ahora, fuera de su propia ley en este asunto, y así lo reconocen los organismos de Derechos Humanos de la ONU.
Digámoslo alto y claro: el problema de los refugiados actualmente se ha agravado hasta límites extremos por la ilegalidad con la que los gobiernos están actuando. Nada ejemplar en nuestras democracias que, nos dicen, se basan en el imperio de la ley.
Al cumplimiento de la ley, en una crisis tan grave como esta, tiene que añadirse un gran movimiento de solidaridad ciudadana, que está empezando a organizarse por todos los sitios ante la parsimonia con que nuestras autoridades están actuando: Una reunión sin acuerdos por aquí, luego otra, que si uno veta por allá, que si otro se altera y alza la frente en defensa de su dignidad herida, que si son otros los que no quieren saber nada... Marean la perdiz porque se han encontrado en medio de la grave contradicción que en sus cabezas dibuja, por un lado, su propensión a la insolidaridad y al sálvese el que pueda, y por otro la presión de una ciudadanía progresivamente más consciente y comprometida con los valores de solidaridad y de apoyo mutuo que definen el estatuto de "humano" en las sociedades civilizadas.
Y como son conscientes de tal situación, en muchos casos las autoridades optan por frenar la solidaridad espontánea de los ciudadanos en lugar de organizarla y estimularla; crean comisiones, hablan con algunos excluyendo a todos los demás, dividen, piden calma mientras dicen que organizar todo esto lleva mucho tiempo y que hay que ser prudente, cuando vemos sufrir y morir a millares de personas abandonadas por caminos y vías férreas del sur de Europa; mientras vemos cómo gobiernos desvergonzados y sin escrúpulos ni decencia, aporrean, gasean y humillan a la multitud de desvalidos que se agolpan en sus fronteras. Los gobiernos de Hungría y Eslovaquia, también ahora Croacia, deben ser denunciados por la manifiesta ilegalidad, crueldad e indecencia con que tratan a estas personas; y sus policías, algunos de los cuales cumple con enorme entusiasmo las órdenes ilegales de sus jefes, se escudan en la obediencia debida, como si eso existiera en el caso de órdenes ilegales y contrarias a los Derechos Humanos. Claro que imágenes similares (aporreamiento y violencia grave contra la masa de desdichados) hemos visto, y más de la cuenta, en toda la frontera sur de Europa, también en Ceuta y Melilla, ganándonos con ello la censura de las organizaciones internacionales de Derechos Humanos.
He aquí, pues, una de los características de nuestra civilización, que, cual Jano bifronte, se complace cuando toca en mostrar sus dos caras: la solidaridad espontánea, humana y directa de las gentes y los frenos que a ella pone un orden burocrático desalmado y "racional", que se ocupa de que todo vaya bien desocupándose de los seres humanos.