La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha informado sobre el contenido del Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias para 2016
La propuesta de modificación del IRPF, que adapta la tarifa autonómica a la estatal, mantiene los cinco tramos en los que se estructura el impuesto, pero con cambios sustanciales. Así, el primero de ellos ?que va de los 0 a los 12.450 euros? se gravaría con el 9,5 % a partir del 1 de enero de 2016, en lugar de con el 10 % vigente.
La intención de la Junta es que la bajada de este impuesto también se note en el segundo tramo de la tarifa, al que se aplica un tipo del 12 % y va de los 12.450 a los 17.707,2 euros. Para ello el límite superior se elevaría hasta los 20.200 euros, lo que implica incluir a un mayor número de contribuyentes que hasta ahora pagaban el 14 % por la parte de la base imponible que iba de los 17.707,2 hasta los 20.200 euros.
Por último, para el tercer tramo se plantea algo similar, de manera que el techo pase de los 33.007,2 actuales a 35.200. Esto supondría aplicar un tipo del 14 % a la base imponible comprendida entre ambas cantidades, frente al 18,5 % de ahora.
Conviene recordar que durante la crisis, y a diferencia de lo ocurrido en otras comunidades, el Ejecutivo de Castilla y León no elevó la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Es más, en cuanto se ha observado una evolución positiva de la situación económica la Junta ha decidido rebajarlo, algo que ya hizo en 2015 y en lo que insiste en 2016 con el fin de que los ciudadanos recuperen una parte de los esfuerzos que han realizado en estos años.
En la misma línea, el Anteproyecto de Ley de Medidas recoge una importante modificación en el Impuesto sobre Hidrocarburos, un tributo de titularidad estatal pero que tiene dos tramos: uno que fija el Gobierno de España y otro que autorizó a establecer a las comunidades dentro del modelo de financiación, para que pudieran financiar el gasto sanitario. De hecho, 12 de ellas hicieron uso de esta posibilidad ?la última fue Castilla y León, en marzo de 2012? y lo tienen implantado. La Junta lo recortó en un tercio en 2015 y propone ahora la supresión íntegra de la tarifa autonómica desde el 1 de enero de 2016, es decir, que los ciudadanos dejen de pagar 1,6 céntimos adicionales por litro de gasolina, gasóleo o queroseno, así como 0,07 céntimos por cada litro de fuelóleo. Al sector del transporte no le afecta, puesto que ya se les devuelve el 100 %.
Otro cambio de calado es la redefinición del concepto de núcleo rural, a los efectos a aplicar los beneficios tributarios de la Comunidad por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual. En concreto, se deja de considerar el municipio para tomar como referencia las entidades locales menores, lo que abre la posibilidad de acceder a esas ventajas a los habitantes de 69 pueblos en los que residen más de 27.000 personas.
Mantenimiento de los 50 beneficios fiscales para las familias y el empleo
El apoyo a las familias es una de las prioridades del Gobierno de Juan Vicente Herrera, junto con la creación y consolidación del empleo. De ahí que la Junta haya optado un ejercicio más por mantener el extenso catálogo de 50 beneficios tributarios del que disfrutan los castellanos y leoneses, lo que se traduce en un relevante ahorro.
Precisamente y con el objetivo de proteger en lo posible el tejido productivo, se opta por extender a 2016 los tipos y tarifas bonificados para las empresas del juego que mantengan los puestos de trabajo. Esta decisión se justifica por el hecho de que la recuperación general de la actividad económica aún no se ha reflejado de forma significativa en este sector, que en este momento emplea de forma directa a más de un millar de ciudadanos.
En materia de juego, por otra parte, la regulación prevé una nueva tasa para las máquinas de los tipos B, C, E y E1 multipuesto, esto es, las que permiten jugar simultáneamente a dos o más jugadores. Asimismo, se retoca la normativa de devengo de las máquinas tipo B conectadas bajo servidor, ante la posibilidad de que esta nueva tecnología comience a utilizarse el año que viene.
Mejoras en seis tasas de la Comunidad
Tal y como es tradicional, el articulado del Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias para 2016 hace referencia a las tasas de la Comunidad. En esta ocasión no se añade ninguna nueva, pero se modifican seis de ellas.
Se trata de la tasa en materia de transportes por carretera, para excluir la autorización de vehículos fúnebres y el arrendamiento de vehículos sin conductor y efectuar una mejora técnica; la tasa en materia de protección ambiental, para suprimir la cuota por la inscripción registral de la condición de productor de pilas, acumuladores o baterías y perfeccionar la redacción; la tasa por inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas y carnes de aves, conejo y caza, para añadir dos apartados por el sacrificio de animales fuera el horario regular diurno y por actuaciones extraordinarias a demanda de los establecimientos; la tasa en materia de industria y energía, para suprimir tarifas por servicios que ya no se prestan e incorporar las instalaciones de almacenamiento de gasóleo para calefacción y la copia de expedientes administrativos; la tasa en materia de metrología, para adaptarla a la normativa, y la tasa por la evaluación o emisión de informes previos a la contratación de determinadas modalidades de personal docente e investigador por parte de las universidades, para minorar la cuota.
Novedades en ocho leyes
El borrador de Ley de Acompañamiento que ha presentado hoy la consejera de Economía y Hacienda establece también que el personal competente para la prevención de riesgos laborales en la minería son los funcionarios técnicos de minas de la Junta, que están llamados a aplicar los procedimientos y actuaciones administrativas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Con ello este sector se equipara al resto.
Por otra parte, el anteproyecto introduce cambios en ocho leyes. Para empezar, en la de Función Pública, para consolidar y computar determinados grados; en la de Medidas Financieras de 2006, para que las solicitudes de subvención del 50 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) puedan resolverse por orden de presentación en función del cumplimiento de los requisitos; en la de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad, para homogeneizar la normativa autonómica con la estatal en lo relativo al suministro de información sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera del conjunto del sector público; en la del Patrimonio, para que los órganos rectores de las instituciones propietarias de los bienes puedan determinar su forma de explotación y para admitir el cobro aplazado del precio de venta por un máximo de 10 años, siempre que esté garantizado; en la de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, para permitir una reestructuración administrativa en la Gerencia Regional de Salud; en la del Derecho a la vivienda, para flexibilizar las condiciones de acceso a una vivienda de protección pública cuando se posee otra residencia situada a más de 50 kilómetros del lugar de trabajo; en la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas tributarias, administrativas y financieras, para que los sanitarios que tienen turno rotario o nocturno o trabajan en emergencias tengan seis días anuales de libre disposición en vez de cinco, y en la Ley Agraria, para ajustar la definición de acreditación al Reglamento (CE) 765/2008 de la UE sobre la vigilancia del mercado y la comercialización de los productos.