El Alcalde de Serradilla del Arroyo ha quitado la bandera de la Unión Europea en protesta por la exigua cuota de acogida a refugiados. Como se puede ver otra vez es la sociedad civil, concretamente los alcaldes los que están dándonos un ejemplo a todos de lo que debe ser un compromiso con quien está en la extrema situación de tener que salir de su país, de abandonar su memoria, su vida normal, la que nos hace sentir a todos seres humanos. Este Alcalde coincide con muchos ciudadanos que exigen al dubitativo Gobierno de la Nación, más iniciativas en las actuaciones.
Alcaldesas de Madrid y Barcelona, fueron las primeras en dar un paso adelante y destinar presupuestos, creando un registro de familias que estaban dispuestas a compartir su casa, luego se han sumado multitud de municipios. Pero el Gobierno sigue sin actuar con la firmeza que requiere un éxodo de personas, de distinta condición y edad. De hecho, tampoco la Unión Europea responde. Ni los Ministros de Interior han llegado a un acuerdo, todo se aplaza para la siguiente reunión. Una burocracia paralizada frente a una ciudadanía que acude con mantas, o con intérpretes para ayudar a quienes huyen del infierno.
El primero de nuestros refugiados fue, lo que hoy denominaríamos un refugiado político, Miguel de Unamuno que en 1924 fue desposeído de su cátedra de griego y desterrado por Primo de Rivera a Fuerteventura. Después no deberíamos olvidarnos de cuántos hombres y mujeres de Castilla y León tuvieron que huir de su país; es decir quiénes padecieron la desgracia de la peor de las guerras, la guerra civil, para exilarse en otros países. Conviene recordar que la UGT, o la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, o las Casas del Pueblo, así como el Partido Socialista y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) trataban de organizarse ante el golpe de estado militar. De hecho, Ciudad Rodrigo, junto a Peñaranda de Bracamonte y Béjar, organizaron la resistencia a la espera de que llegaran tropas leales al Gobierno de la República, lo que nunca sucedió.
Un informe de la ONU recoge datos escalofriantes, cada día 45.000 personas se ven forzadas a salir de sus hogares por grave inseguridad. Desde la Segunda Guerra mundial no se ha conocido una cifra tan repugnante: 60.000.0000 de personas que se desplazan de un país a otro, cargados con maletas, atentos a sus hijos para protegerlos de las mafias infantiles, mientras la industria de armamentos sigue celebrando sus beneficios. Por ello, el número que acogerá España, alrededor de 17.600 personas, es totalmente insuficiente, a pesar de contar con una Ley Reguladora del Derecho de Asilo, que recoge nuestra Constitución en su artículo 13.4. Hoy el presente nos reclama una enorme solidaridad, la más difícil de todas, la solidaridad entre extraños. Y la única forma de que dejen de significar eso para cualquiera de nosotros, es buscar los puntos en común. Nosotros también fuimos refugiados económicos en los años 60, los emigrantes del hambre, como fuimos refugiados de guerra. Ante la desesperación y la injusticia no caben vacilaciones.
En las imágenes, situaciones vividas por emigrandes en Castilla y León