El Comité de Derechos Humanos, órgano supranacional encargado del control del cumplimiento del Pacto Internacional para la protección de los Derechos Civiles y Políticos, ha presentado hace muy poco sus Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España. Muestra en este documento un interesante panorama sobre el estado de la cuestión en España. En medio folio destaca los aspectos positivos, y en otros siete muestra una batería de asuntos sobre los que este órgano formado por expertos internacionales muestra su preocupación y sus recomendaciones. ¿Qué asuntos, según el propio Comité, son fuente de inquietud sobre el respeto de los derechos humanos en nuestro país?
En primer lugar, se manifiesta que el Estado debe garantizar el pleno cumplimiento del convenio internacional al que se ha obligado, tomando las medidas necesarias para ello, incluidas las legislativas. A pesar de que el legislador español está metido en una vorágine reformadora de normas importantes, hasta ahora España no lo ha hecho.
Por otro lado, se lamenta el Comité de que no se haya aprobado el Segundo Plan de Derechos Humanos, para abordar de manera adecuada y efectiva las cuestiones relevantes planteadas por la sociedad civil, el propio Comité y otros mecanismos de derechos humanos. Nuestro país no suministra suficientes recursos financieros al Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, además de no asegurar la independencia de este órgano. Por faltar, se viene a decir, falta hasta el nombramiento del Presidente.
Se muestra una evidente intranquilidad por la persistente utilización de perfiles étnicos por los policías y funcionarios encargados de la aplicación de la ley, y además, institucionalmente se pide el incremento de capacitaciones para asegurar la sensibilidad cultural de estos agentes. Se constata, por otra parte, que los inmigrantes, los extranjeros y las minorías étnicas, siguen siendo objeto de discriminación en el acceso a la vivienda, educación, empleo y atención a la salud. Le preocupa al Comité la práctica de la esterilización forzada a personas con discapacidad, sin asegurar su consentimiento pleno e informado.
Lamenta este órgano que las mujeres sigan estando insuficientemente representadas en los sectores público y privado, en particular en puestos decisorios. Continúan las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Hay evidente desasosiego respecto a la violencia contra la mujer, sobre todo la inmigrante. Se añade que el Estado debe asegurar que todas las mujeres y niñas puedan acceder a los servicios de salud reproductiva y que las barreras legales no obliguen a las mujeres al aborto clandestino.
Hay alarma ante las reiteradas denuncias de uso excesivo de la fuerza, incluyendo tortura y malos tratos, por parte de agentes del Estado, en particular en el marco de protestas ciudadanas. Los indultos a policías condenados por tortura son una señal clara de impunidad.
Se exige evitar el uso recurrente de la privación de libertad a inmigrantes en situación irregular y de los solicitantes de asilo. En especial llama la atención sobre los malos tratos en los Centros de Internamiento de Extranjeros. Se insta al Estado a velar por que se disponga en todos los centros de instalaciones sanitarias.
Una vez más se critica la aplicación del régimen de incomunicación al detenido, que va a continuar a pesar de las numerosas reformas procesales en trámite. Se opone abiertamente a las llamadas "expulsiones en caliente" en la línea de demarcación territorial de Ceuta y Melilla y las "deportaciones express" que se realizan en vuelos de deportación. Según parece estas expulsiones de inmigrantes se están haciendo sin las suficientes garantías. Junto a ello se alude a los malos tratos y al uso excesivo de la fuerza en las operaciones de expulsión.
El Comité expresa su preocupación por las amplias atribuciones otorgadas por la nueva Ley de Seguridad Ciudadana a agentes de seguridad privada, así como al efecto disuasorio que pueda tener esta ley para la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. ¿Les suena? Como les sonará también la recomendación de que se derogue la Ley de Amnistía o se la enmiende para hacerla compatible con el Pacto Internacional antes mencionado. Casi nada: El Comité está preocupado por las lagunas y deficiencias en la regulación de los procedimientos de búsqueda, exhumación e identificación de personas desaparecidas.
Ya sé yo que muchas de estas cuestiones preocupan poco a nuestros gobernantes. Cuando se refieren a la "Marca España" están hablando de otra cosa. Me dirán que a los inversores extranjeros estos asuntos no les interesan un pijo. Puede ser. Pero no me negarán que parece poco serio hablar de derechos humanos cada vez que recordamos a algún entrañable país caribeño, y no hacerlo nunca cuando hablamos de la imagen exterior de nuestro propio país.