Solicitan que se anule el ERE porque las oficinas de la zona de expansión "que según Bruselas debían haber cerrado continúan abiertas"
"Nos adherimos al expediente de regulación y perdimos nuestros empleos porque la entidad utilizó mentiras y argucias para hacer creer a los trabajadores una supuesta obligación de cierre de las oficinas por parte de Bruselas". Un grupo de 56 exempleados de Caja España-Duero en la zona de expansión de la entidad que ahora es propiedad de Unicaja fueron a juicio para exigir que se les permita devolver las cantidades cobradas y recuperar sus empleos. No en vano, las sucursales siguen abiertas, informa El Norte de Castilla.
Los demandantes y sus familias colapsaron el Juzgado de lo Social nº 23 de Madrid. Llegaron desde Cartagena, Murcia, Barcelona, Asturias, Cantabria y, en su mayoría, desde Galicia. Según explicó Fernando del Barrio, portavoz de los afectados, «Caja España, Ceiss, Unicaja o quien sea se ha saltado la ley a la torera y 29 sucursales siguen abiertas bajo la misma marca, mientras que a otras 30 solo les han cambiado el logotipo».
Argumentan que la entidad «les hizo creer» que existía «una supuesta obligación» de cierre de las oficinas derivada de las ayudas que habían llegado de la Unión Europea» y que o se apuntaban al ERE o no habría centros de trabajo abiertos y serían «despedidos de forma forzosa con las condiciones de la nueva reforma laboral».
«¿Cómo íbamos a pensar que las oficinas seguirían abiertas a día de hoy y con un plan de negocio?», se preguntan ahora. «¿Quién con 30, 40 años, abandonaría un trabajo fijo con un sueldo justo por cuatro pesetas que no dan ni para vivir dos años?».
«Como el caso de Coca-Cola»
«Las sucursales andaluzas han sido vendidas a Unicaja en una trampa sin parangón en España y el ridículo es tal que, para esconder el engaño de mantener cuantas más oficinas abiertas allí donde decían que debían cerrar todas, Unicaja ha comprado algo que ya era suyo», señalaron desde las defensa legal de los demandantes. El negocio de varias sucursales se concentra ahora en las que permanecen abiertas que son, según explicaron en el juicio, «extremadamente rentables, con unos volúmenes de negocio y clientes por oficina imposibles de gestionar».
«Los empleados que continúan en ellas sufren jornadas maratonianas de mañana y tarde y están fuertemente presionados, pues en caso de no conseguir los objetivos, la empresa les amenaza con un nuevo expediente de despidos», añadieron.
Los demandantes piden reincorporarse a estas oficinas y recuperar sus empleos, lo que, en su opinión, «redundaría en una correcta atención a los clientes». Esperan que la jueza, que dejó el caso visto para sentencia, siga los pasos que han marcado los tribunales en el ERE de Coca-Cola, declarado nulo por el Supremo y condenada la empresa a la readmisión de los despedidos. «Por lo menos Coca-Cola Iberian Partners tuvo la decencia de cerrar la planta de Fuenlabrada, mientras que Unicaja te echa a la calle y no cierra las oficinas», lamentó Del Barrio.
Desde la entidad financiera declinaron comentar el caso o valorar la vista oral. Según Del Barrio, para justificar el mantenimiento de las oficinas que debían haber cerrado, el abogado de los demandados «se limitó a argumentar que 'las cosas han cambiado'», informa El Norte de Castilla.