Estos días podemos observar cómo la política de no afrontar los problemas de verdad termina provocando situaciones dramáticas, desde luego no para los que más tienen (hay quien puede reunirse con el Ministro del Interior para tratar sus cuitas). Un caso menor por la envergadura, pero no por sus efectos, es el de la señora de Fuerteventura que termina en la cárcel por construir una casa, hace más de una década, en un espacio protegido donde está prohibido hacerlo. Por cierto, un caso más de abuela manteniendo a parte de su familia.
Resulta indudable que la ley debe ser igual para todos, aunque observando el paisaje español uno lo duda notablemente. Si no se puede construir en un sitio, pues no se puede. Y la pregunta es ¿quién controla esto?, es más ¿para qué sirven los servicios de inspección que deben controlar estas cosas?. Quizás antes habría que averiguar si estos existen, y a qué les dejan que se dediquen, dada la sorprendente cercanía de intereses que a veces muestran algunas administraciones con situaciones poco claras, ¿les suena eso de declarar de interés regional o general construcciones que sobrepasan la ley?. En este caso, teniendo presente los medios de hoy en día, ¿cómo se puede construir una casa, con sus servicios (agua, electricidad, etc.) y nadie (administraciones) verlo o llamarle la atención la falta de licencias para existir?.
Si esto se hubiera afrontado cuando se inició la construcción ilegal, entonces se podría haber resuelto un claro problema de carácter social, esa gente no puede sobrevivir con los ingresos que tienen. Y se supone que existen medios para ello, no quiero pensar lo contrario dado que ahora aparecen soluciones. Al no hacer las cosas correctamente en su momento, se gasta dinero público en un proceso judicial que sólo sirve para agravar un problema social que viene de lejos. Y se afronta gracias a la movilización social y los medios de comunicación, como siempre, no porque alguien con autoridad detectara esa realidad ni siquiera durante el proceso judicial. Por cierto, la Justicia ha demostrado una "gran humanidad" en el tema, sobre todo si lo comparamos con la "sensibilidad" demostrada con otros de caracter económico que se eternizan en nuestro "ágil" sistema judicial.
En este país nos encanta hacer leyes, ordenanzas, decretos, reglamentos, normas, etc. redundantes, cuando surge un problema puntual y preferentemente si tiene que ver con los más débiles de la sociedad. Casi siempre limitando más allá de lo necesario a la ciudadanía, y normalmente sin afrontar las cosas de verdad, como hemos visto con el machismo hostelero en Salamanca. Cada vez más gente se queda al margen de la riqueza, y crece la insensibilidad social, en especial de las administraciones. Siempre se olvidan de lo mismo, salvo en temas de libertad de opinión o participación ciudadana, que las normas hay que hacer que se cumplan en su momento y para eso se necesitan medios. No policía porra en mano o multa millonaria como recurso habitual.
Lo peor de todo es que enseguida algún medio de comunicación se preocupó de hacer un listado de actividades económicas en la misma situación que esa señora en esa isla, y resultó un poco largo. Con pleno conocimiento de las administraciones competentes y sin intervención judicial por medio. La lista rozaría el infinito si la extendemos a todo el país. Pero como no son débiles abuelas al borde de la marginación construyendo su casa en un espacio protegido, al no poder pagar otra, lo mejor es seguir mirando para otro lado no sea que le fastidien el negocio a algún colega. Que en las elecciones, salvo los cuatro de siempre, nadie se lo demandara.