OPINIóN
Actualizado 25/08/2015
Redactor: Marcelino García

Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU deben renunciar a su "derecho" a veto en cuestiones de genocidio. La rivalidad entre ellos facilita atrocidades en todo el mundo

Autor: Lorenzo Príncipe. Activista de Amnistía Internacional.

Al menos 20 conflictos en el mundo causan más de 50 millones de refugiados y un éxodo de inmigrantes trascendental. Desde Nigeria a Siria a China y Rusia, el respeto de la libertad y de la dignidad de las personas colapsaron: han aumentado los casos de tortura, detenciones y condenas a muerte. Los EE.UU. deben abordar el problema de racismo que ellos pensaban que había pasado, mientras la U.E muestra su indiferencia ante la ola de inmigración procedente de los países más pobres.

   A veces aparecen algunos nombres, como Raif Badawi, blogger condenado a 10 años de prisión y 1.000 azotes por apostasía en Arabia Saudita. O Tint San, a la que el régimen de Myanmar ha impuesto el trabajo forzoso, junto con cuatro colegas por hacer su trabajo como periodista. O como Leyla Yunus, que está en cárcel en Azerbaiyán por criticar a su gobierno.

   Pero más a menudo son víctimas desconocidas las que terminan en el enorme agujero negro de los derechos humanos. Un agujero negro que los grupos armados y estados de todo el planeta están contribuyendo, en diversos grados, para hacer más profundo: Dejando caer bombas sobre la población civil, obligándolos a convertirse en refugiados, reprimiendo ferozmente la libertad sexual y el pensamiento religioso o usando la fuerza, en lugar de la protección, con los más débiles.

   Como señala el último informe anual de Amnistía Internacional, el 2014 fue un año "devastador para aquellos que buscaban defender los derechos humanos y para los que se han visto atrapados en el sufrimiento de las zonas de guerra." Las cifras espantosas no exoneran a casi ninguno de los 160 países examinados en el informe. En 131 hay tortura y los malos tratos. Tres de cada cuatro han impuesto restricciones a la libertad de expresión. Y, de acuerdo a la Asociación Internacional de los derechos LGBT, el 78% de los países tienen leyes que criminalizan a los que tienen relaciones consentidas con adultos del mismo sexo.

   De Somalia a Irak, millones de personas en el mundo están atrapados en la violencia. También debido a la creciente influencia de los grupos armados no estatales, como el grupo islamista Boko Haram, que en Nigeria hacen secuestros y ataques terroristas contra objetivos civiles y militares cada semana. O como el Estado Islámico, que está contribuyendo de manera significativa a ampliar la lista de delitos (de todas las facciones) en el conflicto sirio. Con sus decapitaciones públicas. Pero incluso con la persecución de las minorías como los yazidi, quitando los derechos de las poblaciones, impidiendo el acceso a la ayuda humanitaria. Atrocidades que causan otras tragedias: el número de sirios que huyó del país en 2011 superó los 4 millones.

   Refugiados en busca de esperanza en Europa, tales como los que salen de Libia, y cada vez, más a menudo, encuentran la muerte en el Mediterráneo (desde el comienzo de 2015 más de 1.700).

   No es sólo la guerra la que sofoca los derechos. No son sólo los "países canallas" que persiguen a quienes defienden los DDHH. Para silenciar la disidencia y la sociedad civil, Rusia el año pasado aprobó una ley que obliga a las ONG a registrarse como "agentes extranjeros". Con el mismo objetivo, Egipto ha vuelto a introducir una disposición de la época de Mubarak relativa a las asociaciones. Y en Turquía, la legislación antiterrorista se utiliza cada vez más para criminalizar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.

   Además de los refugiados, han aumentado las penas de muerte. Debido en gran parte a Egipto y Nigeria, que han emitido condenas en masa en el contexto de sus conflictos internos. En 2014 han sido por lo menos 2466, un 22% menos en comparación con 2013 (excluyendo a China, que lleva más penas de muerte que el resto del mundo). Un pequeño paso adelante.

   Como fue un paso adelante la entrada en vigor, en diciembre de 2014 del Tratado de Comercio de Armas que prohíba la venta a los que podían utilizarlos para cometer atrocidades. Sin embargo, la no ratificación por países como China, Rusia y Estados Unidos, entre los principales exportadores de armas del mundo y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, oscurece el potencial de este hito histórico.

   Por otra parte, precisamente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha demostrado ser incapaz de actuar. De hecho, fue impotente frente a la crisis en Gaza y en Ucrania en 2014, y sigue siendo impotente frente a las crisis en Siria e Irak. Inercia calculada, a favor de los intereses económicos y estratégicos de EEUU, Rusia, China, Francia y Reino Unido. A pesar de los horrores, de las impunidades y de las muertes.

   Para asegurarse de que la comunidad internacional proporciona respuestas significativas existe una medida. Es la propuesta de Amnistía Internacional,que con el apoyo de 40 gobiernos, pide a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad renunciar a su derecho de veto en casos de genocidio y crímenes de guerra. Una medida que podría ayudar a salvar millones de vidas. ¿Se darán por enterados?

 

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