JULIO FERNÁNDEZ / Ptofesor de la Usal
En enero de 2004 el consejero jefe (conseller en cap) de la Generalitat catalana, Carod Rovira, cometió el grave error de entrevistarse con la cúpula de ETA (Josu Ternera y Mikel Antza) en Perpiñán (Francia), sin que el entonces presidente de la Generalitat (Pascual Maragall) tuviera conocimiento del asunto. Este suceso fue duramente criticado por todos los sectores políticos (de izquierda y de derecha) y producto de aquélla presión y, como debe ser en democracia, Carod Rovira dimitió de su cargo en el gobierno de la Generalitat. Posteriormente se presento, como líder de ERC, a las elecciones generales, que ganó el PSOE y en las que Ezquerra Republicana de Cataluña es la que más subió en escaños (obtuvo 8). La sinceridad con la que Rovira reconoció su torpeza y la ingenuidad de la misma (que hablando con la cúpula de ETA, lo mismo que lo habían hecho los gobiernos del Estado, tanto Suárez, González o Aznar, se conseguiría el fin de la violencia terrorista) tuvieron una consecuencia favorable en los resultados electorales de la formación que dirigía.
Hace unos días nos enteramos que el actual ministro del interior, Fernández Díaz, se ha reunido con Rodrigo Rato, quién ocupó el ministerio de economía en el gobierno de Aznar y al que muchos calificaron de ser el milagro de la recuperación económica de España a finales de la década de los 90 y que después fuera flamante presidente del FMI, aunque también le llegaran las miserias cuando dejó la presidencia de Bankia (a la que auparon desde el gobierno de la Comunidad de Madrid), al conocerse su presunta implicación en las conocidas como "tarjetas black" y el resto de corruptelas económicas de la entidad financiera que dirigía. Debido a ello está imputado por la comisión de presuntos delitos de falsedad documental, apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y fraude fiscal. Todo un rosario de presuntos delitos económicos, esos que suelen cometer los delincuentes de cuello blanco, quienes, aunque el daño social que hayan causado con estos hechos sea elevadísimo, siguen campeando a sus anchas, moviéndose libremente por el territorio nacional como quieren (incluso le dejan viajar a Suiza) y disfrutando de los coches oficiales y de la seguridad personal que el Estado les sigue proporcionando (en el caso de Rato, a pesar de que hace más de diez años que no ocupa un cargo público).
El ministro del interior ha comparecido en el Parlamento explicando ?a su modo- la reunión con Rato, diciendo que se produjo para abordar las amenazas que éste está recibiendo a través de "tuits" y para garantizar su seguridad personal y la de su familia, a pesar de la seguridad que Rato sigue teniendo por haber sido vicepresidente del gobierno.
Por decencia política, el ministro del interior tenía que haber dimitido, o en su caso, haber sido cesado por el presidente del Gobierno
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¿Por qué no se reúne el ministro con las miles de mujeres que están sufriendo constantemente amenazas de sus parejas o ex parejas, o al menos con las asociaciones que las representan, sabiendo, además, que la violencia de género está causando cada día más víctimas y más alarma social? ¿Por qué no se reúne con algunos responsables de víctimas del terrorismo, como Pilar Manjón, después de las miles de amenazas que ha tenido y tiene y muchas de ellas de individuos con posiciones ideológicas próximas al ministro? Recordemos que el que fuera secretario de organización de Nuevas Generaciones (los jóvenes del PP) de Majadahonda, Luis Gutiérrez, manifestó a través de twitter que "lo de Pilar Manjón es infame. Cada día dudo más que el hijo de esta tipeja fuese el 11 M en 1 tren? deplorable su actitud".
Por decencia política, el ministro del interior tenía que haber dimitido, o en su caso, haber sido cesado por el presidente del Gobierno, aunque éste, no sólo no ha censurado su conducta sino que incluso la ha apoyado y aplaudido. La transparencia política es uno de los pilares básicos del sistema democrático. Y mientras no se aclaren definitivamente todos los casos de corrupción política (pertenezcan al partido político que pertenezcan, de sus adláteres y de los poderes económicos asociados a los mismos), no sean sancionados debidamente por los tribunales de justicia (por jueces independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, como establece el artículo 117 de la CE) y no se reconozcan los hechos por las organizaciones políticas, sociales y económicas a las que han pertenecido sus responsables criminales, seguiremos viviendo en un "Estado fallido" y lejos de los países más avanzados y libres.