Dicen que la democracia es el gobierno del pueblo, aunque el significado del término es complejo. Buscando en el Diccionario de la Real Academia averigüé que se ha cambiado lo que decía la 22ª edición en la nueva 23ª, no disponible todavía en Internet. Pero parece que ahora significa esto:
1. f. Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. 2. f. País que tiene esta forma de gobierno. 3. f. Doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes. 4. f. Forma de sociedad que practica la igualdad de derechos individuales, con independencia de etnias, sexos, credos religiosos, etc.
Esto viene a cuento de la casi imposibilidad de celebrar referéndums en España, salvo que así lo requieran los intereses del partido gobernante. A pesar de parecer una clara manifestación de "que el poder político es ejercido por los ciudadanos". No voy a entrar en el problema catalán, pero me da la impresión que una consulta popular de ese tipo lo hubiera zanjado hace tiempo. Claro que, seguramente, los ciudadanos tendrían también más tiempo para conocer mejor la crisis, o la corrupción, o lo iguales que son el gobierno autonómico catalán y el estatal (ambos de derechas), y a lo mejor más gente sacaría conclusiones menos favorables para ellos.
Y de repente aparece Retortillo hablando de un referéndum, un municipio con un Censo Electoral de 209 personas en las últimas municipales. ¿Cómo se le ocurre a su alcalde pretender preguntar a sus vecinos sobre algo que afecta a su municipio? Lógicamente el gobierno, nada menos, se tiene que oponer. Si aplicamos sus doctrinas Populares como gobernar la lista más votada aunque no tenga mayoría, el alcalde ya tiene el suficiente poder omnímodo para hacer lo que le dé la gana. Como si quiere poner una mina en la plaza del pueblo o en Australia.
Los últimos comportamientos electorales apuntan una mayor demanda ciudadana de participar más directamente en los gobiernos, independientemente de su escala. Los referéndums, o cualquier consulta popular con garantías, parecen un buen sistema. Y temas como una posible mina de uranio en Retortillo, con sus contaminaciones varias, destrucción traumática del territorio y seguramente del centenario Balneario, acompañado (como no) de etéreas promesas de puestos de trabajos futuros, parece de suficiente importancia como para que los vecinos intervengan en la decisión. Y no sólo de ese municipio, sino de todos los afectados (que son muchos más). Sobre todo cuando el proyecto lo impulsa una empresa australiana que no explota ninguna mina en el mundo, y curiosamente tras el abandono de esa actividad por la empresa nacional ENUSA por falta de rentabilidad.
Una participación ciudadana de verdad permite tomar decisiones trascendentes con mayores garantías y, sobre todo, conocimiento de la realidad. Porque la transparencia entonces resulta inevitable, no se puede decidir sin saber, que es lo que ocurre en la actualidad. No sé cuál sería el resultado de un referéndum sobre la mina en Retortillo, es muy posible que incluso no me gustara, pero desde luego los vecinos tendrían un mayor conocimiento de lo que harán con ellos y su pueblo.
Espero que la alternativa a procesos de participación directa en el gobierno no sea volver al retrato de la película "La escopeta nacional", de ese régimen político que provocó una Guerra Civil entre compatriotas para poder ¿gobernar? en España. Es lo que me recuerda que se intente vender como normal y transparente, incluso como cercanía de la administración, que el ministro del Interior, jefe de investigadores judiciales, reciba a un excompañero imputado por tres posibles delitos. De repente recuerdo a Rajoy diciendo en 2009: "En un país civilizado esto sería motivo más que suficiente para que el ministro Bermejo presentara su dimisión y el señor Garzón se abstuviese en el asunto que está conociendo". Entonces sí hubo una cacería (¡qué ironía!), pero el ministro dimitió, y a Garzón más tarde lo echaron por intentar investigar la Guerra Civil.