El Observatorio Estatal para la Dependencia en su último dictamen de 2015 pone de manifiesto una situación, que los que nos dedicamos a temas relacionados con las personas con dependencia ya veníamos observando y denunciando en aquellos foros en los que todavía se escucha, que sus propósitos de protección social han ido reduciéndose y algunas de sus prestaciones han quedado de manera testimonial. Es decir, como se dice popularmente, en papel mojado por la falta de responsabilidad, sensibilidad y efectividad con los ciudadanos más vulnerables.
Ya lo anticipe en esta columna hace meses y, cito literalmente una de sus causas, estamos errando en las prioridades en relación con la reducción del gasto y, antes que ahorrar en Sanidad, Educación y en Servicios Sociales como Discapacidad y Dependencia, que son signos inequívocos de Compromiso Social, hay que ahorrar en lo accesorio como son los pesebres laborales y electorales.
Después de estos años de desarrollo y evolución, desde 2006, de la prestación de dependencia, los datos oficiales y las evidencias indican la escasa la aplicación de las ayudas sociales que conlleva esta ley. Sus resultados ponen de manifiesto que 12, el 70,6% de las 17 Comunidades Autónomas suspenden en su aplicación. Esto sin entrar en el análisis de lo que significa un aprobado porque como sea tan fácil como aprobar en la universidad actual, apañados estamos.
Esta ley supuso uno de los pocos aciertos del Gobierno Zapatero; pero desde su promulgación y proceso de desarrollo han existido muchos sesgos y mucho oportunismo institucional y administrativo. Me refiero al oportunismo político, porque al amparo de esta ley, se crearon excesivos puestos de gestión innecesarios lo que suposo y supone reducir el presupuesto que tendría que destinarse a las prestaciones y servicios para las personas dependientes. Hoy es una realidad la falta de partidas presupuestarias estatales y autonómicas para el desarrollo y aplicación efectiva de esta ley; pero tambien porque no existen en nuestro país unos criterios objetivos y válidos, basados en sensibilidad y especificidad, necesarios para determinar a nivel nacional los distintos niveles y/o grados de dependencia -moderada, severa y gran dependencia-.
Esta situación necesita de un Consenso Nacional dado que es injusto que cada Comunidad Autónoma actué en este tema según su desarrollo socioeconómico, su presupuesto y financiación y las sensibilidades de sus dirigentes. Es decir, más profesionalidad y menos populismo. De nada vale una buena idea y su aprobación por mayoría parlamentaria si su desarrollo deja a muchas personas dependientes pendientes sin prestación por falta de financiación, cuando se están financiando generosamente eventos y proyectos intrascendentes desde el punto de vista del desarrollo social y socioeconómico. Hoy, nueve años despues de su promulgación existen muchas personas y sus familias esperando la efectividad del Derecho a la prestación de Dependencia que marca la ley.
En este punto quisiera felicitar a la Junta de Castilla y León por su aprobado y porque en el dictamen oficial la pone como modelo en la agilidad de acceso a las prestaciones. Me pregunto, ¿cómo estarán las demás cuando aquí se tardan varios meses?. Por otra parte, hay que significar que el copago está haciendo mucho daño y debería replantearse en las personas con dependencia y/o discapacidad.
Por otra parte, significar que existen muchas razones para estar satisfechos con los impuestos que se dedican a las ayudas y prestaciones de esta Ley dado que se dedican a los grupos más desfavorecidos y, por tanto, se contribuye a una Sociedad más justa, avanzada y moderna y seguir apostando por el futuro y dejarnos de oportunismos y de oportunistas, ambos tienen poco recorrido y, muchos de ellos, como los nacionalistas, independentistas y populistas, forman parte del problema, dado que ni son solidarios ni tienen el necesario compromiso social real por la Justicia, la Igualdad y la Solidaridad. Es decir, no son saludables y, por tanto, no recomendables para mejorar el Bienestar Social y la Calidad de Vida de los ciudadanos con más necesidades.
JAMCA