Son nuestros socios, amigos y simpatizantes quienes con sus cuotas y donaciones financian toda nuestra estructura. Somos independientes de todo partido político, ideología o credo religioso y nuestra finalidad única es la defensa de los derechos humanos e
Autor: Guillermo Castán Lanaspa, coordinador de Amnistía Internacional Salamanca.
Los DDHH son, por definición, universales, es decir, inherentes a toda persona por el hecho de serlo, y por lo tanto son inalienables e imprescriptibles. Esto significa que son de todos y que nadie, ninguna persona, ningún colectivo, puede ser privado de ellos, o de alguno de ellos; y puesto que esta condición está recogida en el Derecho Internacional, la negación de esos derechos a personas constituye un delito que los Estados se han comprometido a investigar, juzgar y sancionar con penas acordes. Este es el único postulado de Amnistía Internacional.
Pero, a pesar de que lo que acabamos de decir lo tienen claro todos los gobiernos y todas las instituciones de poder, los derechos humanos no se respetan completamente en ningún lugar del mundo. Por ejemplo en nuestra Europa, que algunos quieren pintar como la nueva Arcadia feliz; aquí la apariencia es ideal, pero la realidad muestra numerosos agujeros negros por donde los gobiernos e instituciones vacían de contenido esos derechos con diversos pretextos, atacando así la dignidad de las personas: la homofobia, el racismo y la discriminación, el trato a los inmigrantes irregulares en las fronteras del sur (Grecia, Italia, España) o el uso excesivo de la fuerza de la policía contra manifestantes pacíficos, a quienes se pretende restringir sus derechos de libre expresión, son muestras evidentes de lo que decimos.
Precisamente porque el poder tiene proclividad a ensanchar sus atribuciones en detrimento de los ciudadanos a quienes dice representar, Amnistía Internacional quiere ser y es totalmente independiente, de modo que suele hacerse incómoda a aquellos gobiernos, de cualquier signo, que reciben nuestras críticas. En España, tanto PSOE como PP y otros partidos de gobierno han tenido que escuchar nuestras críticas cuando han tomado decisiones lesivas para los derechos humanos, cosa que ha ocurrido en numerosas ocasiones. Y en ello precisamente reside nuestra fuerza y nuestro prestigio internacional.
Para salvaguardar nuestra independencia y nuestra capacidad de denuncia en cualquier situación y frente a cualquier gobierno, Amnistía Internacional no recibe ni admite subvenciones de los poderes públicos ni de instituciones de ningún signo. Nuestra denuncia no depende de ellos porque nuestra actividad y nuestro criterio tampoco depende de ellos. Son nuestros socios, amigos y simpatizantes quienes con sus cuotas, donaciones y compras de materiales (calendarios, camisetas, agendas?) financian toda nuestra estructura. Por ejemplo, los casi 500 socios de Salamanca financian las actividades, el local y demás materiales que utilizamos en nuestras campañas, sin recibir ni un céntimo de nadie más. Y ningún activista (y somos 27) recibe remuneración alguna, y ni siquiera se le ha ocurrido a nadie. Somos activistas voluntarios en el pleno sentido de la palabra.
Pero independientes y celosos de nuestra independencia, porque sin ella no podríamos denunciar con la contundencia que exige la violación de derechos humanos, mantenemos, sin embargo, diálogo con otras organizaciones, partidos políticos y gobiernos, a quienes tratamos de hacer llegar críticas, sí, pero también propuestas para mejorar. Así, en las últimas semanas AI Salamanca ha explicado y entregado a los partidos políticos de nuestra ciudad una agenda de mínimos para mejorar la situación de los derechos humanos con la petición de que la estudien e incorporen a sus programas electorales municipales. Entre ellas la creación de un Observatorio u Oficina de DDHH en los ayuntamientos, regentada por una persona de compromiso reconocido, sin remuneración, totalmente independiente en su gestión y con un estatuto que le permita asegurarse de que todas las dependencias municipales respetan rigurosamente los derechos de los ciudadanos. Interesante propuesta, creemos, ya que quienes la adopten no solo podrán afirmar que respetan esos derechos, como habitualmente ocurre, sino que además podrán afirmar ante la ciudadanía que no tienen ningún temor al escrutinio independiente de aquellos rincones oscuros donde suele residir la discriminación, el abuso o la negligencia dolosa que algunos colectivos sufren con más frecuencia de la permisible. Esperamos sus respuestas.