El plazo para publicar los listados de beneficiarios de esta subvención, que no se había convocado desde 2010, finalizó el 20 de junio
De forma «inminente». La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que dirige desde el pasado día 13 Juan Carlos Suárez-Quiñones, ultima la resolución de la convocatoria de ayudas de alquiler que puso en marcha a finales de año y que solicitaron 15.626 personas. El plazo para publicar los listados de beneficiarios era de seis meses y venció el 20 de junio.
La demora de algo más de un mes se debe, según argumentan desde ese departamento autonómico, al elevado volumen de solicitudes presentadas, con casos en los que ha sido necesario pedir documentación complementaria, y al hecho de que la convocatoria es en régimen de concurrencia competitiva. Según informa El Norte de Castilla, esto implica que si hay más peticionarios que cumplen los requisitos que dinero para repartir, el personal de la Dirección General de Vivienda debe dar preferencia en el cobro a los solicitantes con menos ingresos, para lo que tienen en cuenta el número de miembros de la familia.
Si se pone en relación el importante volumen de solicitudes tramitadas con el presupuesto destinado a estas ayudas, todo apunta a que habrá ciudadanos que cumplen los requisitos de la convocatoria que se quedarán sin subvención al agotarse el dinero. La Junta retomó las ayudas para facilitar el pago de la cuota del alquiler para domicilio habitual en noviembre de 2014, después de cuatro años en blanco, puesto que la última convocatoria de subvenciones para promover el acceso a la vivienda fue la de 2010. El presupuesto con el que se abonarán las nuevas ayudas es de 2,97 millones de euros. Se pagará hasta el 30% del coste del arrendamiento, con un límite máximo de 1.710 euros anuales.
Esos casi tres millones de euros permitirían abonar 1.736 ayudas, en el caso de que todas fueran de la cuantía máxima. No es un caso real, pero sí una operación orientativa que da idea de que habrá solicitudes de ese conjunto de más de 15.600 que se queden sin atender pese a cumplir los requisitos. Castilla y León decidió endurecer las exigencias que marcaba el Ministerio de Fomento para orientar estos apoyos económicos al alquiler a las familias con menores ingresos. Si la ministra Ana Pastor permitía que los solicitantes percibieran hasta 22.365 euros anuales, la Junta bajó ese límite máximo de renta a 18.637 euros al año. Además de ese tope de renta, se fijó un mínimo de ingresos de 7.455 euros anuales (se entendió que los casos que no llegan a esa cuantía son atendidos por los Servicios Sociales) y la cuota de alquiler no podía sobrepasar cantidades que oscilaban entre los 350 y los 475 euros en función del tipo de la población de residencia y los precios del mercado del alquiler de vivienda.