OPINIóN
Actualizado 27/06/2015
Julio Fernández

Las declaraciones de Luis María Linde, gobernador del Banco de España, sobre el peligro que corren las pensiones en el futuro son muy poco lindas, y no quiero ni ser ocurrente ni hacer un pírrico pareado literario. Nada menos que en el Congreso de los Diputados, el compareciente ha dicho que los españoles deberían hacer "planes privados de pensiones" porque "el sistema público de pensiones no va a garantizar en el futuro el nivel de pensión que esperaban los españoles". Esto es poco menos que una declaración de guerra a la población activa para que se "busque la vida" y contrate con entidades y bancos (privados) un suplemento a una prestación que está adelantando que será deficiente. Pero no acaban ahí sus declaraciones porque continúa diciendo que "los jóvenes españoles deben ahorrar para garantizarse la pensión", para terminar en una traca final donde afirma que "es un error hoy día aceptar incrementos salariales".

O sea que si los jóvenes (que están entrando por primera vez en el mercado laboral, acogidos a una legislación laboral regresiva que decapita derechos laborales fundamentales y que retribuye con salarios claramente insuficientes para sobrevivir) deben ahorrar para garantizarse la pensión, ¿qué hacen los jóvenes? ¿se mueren de hambre y no se visten ni se calzan? ¿viven de los sueldos de sus padres y en su caso, de las pensiones de sus abuelos? De verdad es para echarse a llorar en el mejor de los casos. Luego dicen que se han incrementado los suicidios en España desde que apareció la dichosa crisis. ¿O tal vez pretende el señor Linde que los jóvenes se echen al monte y sobrevivan con actividades ilícitas entre las que no se descarta la delincuencia?

Con esto no estoy cargando toda la responsabilidad sobre el propio Gobernador del Banco de España, porque estoy seguro que todo está programado y estudiado y detrás de estas declaraciones hay, como siempre, un globo sonda que el Ejecutivo (autor mediato e intelectual) elabora minuciosamente para que nos vayamos preparando los ciudadanos. Es una especie de vaselina que atenúe el dolor que vamos a sentir los ciudadanos cuando se conozca el programa oculto del Gobierno para la próxima legislatura (si es que ganan las elecciones y renuevan las instituciones de gobierno), porque la reducción de la cuantía de las pensiones que tienen prevista no va a tener precedentes en la reciente historia de España.

Y las consecuencias serán demoledoras porque sabemos que hoy día muchas familias están sobreviviendo gracias a las pensiones de nuestros generosos y solidarios abuelos, que en regiones y provincias como las nuestras el porcentaje de pensionistas es mayor que el de la población activa (me gustaría que analizásemos cada uno de los pequeños pueblos de nuestra provincia salmantina y comprobaremos que en algunos casos la pirámide de población es alarmante porque es muy superior el número de ciudadanos de 65 o más años a la de menos de esa edad). En la provincia de Salamanca, por ejemplo, que tiene 362 municipios, 234 tienen menos de 500 habitantes y en algunas comarcas, como la de Vitigudino, que cuenta con 55 municipios, 48 de ellos tienen menos de 500 habitantes (enhorabuena por el estudio realizado por los responsables de Las Arribes al Día).

Es, por tanto, urgente cambiar las políticas que han incrementado las desigualdades y la pobreza y, por el contrario, han engordado a los grandes empresarios y a las grandes fortunas.

Imaginemos que en un escenario como este se produce una poda relevante de las pensiones. ¿A dónde iríamos a parar? Pero no acaba ahí el problema. A esto hay que añadir las pensiones por invalidez o por incapacidad física o psíquica del trabajo, que también las hay y muchas de ellas quizá no lo hubieran sido si hubiera habido una adecuada inspección médica y técnica, porque si alguien no es útil para un determinado trabajo, sí lo puede ser para otro menos duro dentro de su área profesional, pero esa es otra, si engañamos a la administración y nos beneficiamos de ello, somos héroes y no villanos (como en justicia debería ser) para los ámbitos rurales. No quiero abundar más en el tema, pero dejo sólo una interrogante para la reflexión, ¿cuántos alcaldes y concejales hay, de los aproximadamente 8.000 municipios de España y de todos los partidos políticos, que están cobrando pensión por incapacidad laboral y, en cambio, parece ser que sí pueden realizar funciones como regidores municipales? Inspecciónese esto último, porque siempre será en beneficio de todos y mejoraría las previsiones del futuro de las pensiones.

Por otra parte, si hubiera un descenso de concejales y diputados, si se eliminaran instituciones obsoletas y clientelares como las Diputaciones Provinciales (que además duplican sus competencias con las de otras instituciones), se recortara el número de asesores y altos cargos en las diferentes administraciones, si se implantara en la práctica un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, como establece nuestra Constitución en el artículo 31 y la carga impositiva hacia las grandes fortunas fuera mayor y menor para las clases media y baja, además de luchar adecuadamente contra el fraude fiscal y la evasión de capitales, probablemente habría más dinero para todos y las pensiones no peligrarían, como parece.

Es, por tanto, urgente cambiar las políticas que han incrementado las desigualdades y la pobreza y, por el contrario, han engordado a los grandes empresarios y a las grandes fortunas.

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