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LOCAL
Actualizado 26/06/2015
Redacción

Denuncian que pone en riesgo el derecho a la libertad de expresión (GALERÍA DE FOTOS)

Ante la inminente entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza), Amnistía Internacional ha celebrado un coloquio en la plaza de la Constitución en el que han abordado las implicaciones de ésta. Posteriormente, se han sumado a la convocatoria de Stop Desahucios para exigir la retirada de esta Ley.

El miércoles 1 de julio entra en vigor la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) y Amnistía Internacional ya ha expresado serias preocupaciones en relación con un articulado que pone en riesgo el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Amnistía muestra su preocupación por el hecho de que, ante medidas de austeridad que han provocado vulneraciones de los derechos humanos, el gobierno haya optado por aumentar la potestad punitiva y sancionadora de conductas directamente relacionadas con el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica.

Esta ley viola numerosas disposiciones internacionales sobre derechos humanos. Sanciona administrativamente para dotar de una mayor discrecionalidad de la administración en la apreciación de infracciones relacionadas con los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y un menoscabo de las garantías de defensa. Criminaliza la protesta social. Aumenta el poder y la impunidad policial. Legaliza los registros basados en la identidad racial. Legaliza las devoluciones en caliente de inmigrantes sin documentación.  

Según Stop Desahucios, no entra en vigor para garantizar la seguridad ciudadana sino para  convertir en ley su temor, el miedo que les despierta el deseo de  democracia. Por eso se defienden atacando. En  los últimos meses, su aprobación ha despertado la preocupación y el rechazo de una amplia mayoría social, lo que ha supuesto que organismos  nacionales e internacionales como las Naciones Unidas o el Comisario de  Derechos Humanos del Consejo de Europa las critiquen duramente. El  último ha sido el Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite un  recurso de inconstitucionalidad.

"Sin  embargo, somos las personas que defendemos diariamente el derecho a la  vivienda, las que creemos en el derecho a la información libre, las que  tomamos la calle reclamando educación pública y sanidad universal, las  que no tenemos papeles, las que sufrimos las consecuencias de un empleo  precario o quienes simplemente vemos en el deseo de democracia y la  organización espontánea de la gente un motivo de celebración, las que  tenemos el verdadero poder de cambiar las cosas. Por ello, una vez  agotadas todas las vías posibles, solo nos queda una alternativa: la de  no consentir, la de no refrendar sus leyes con nuestro silencio. Por todo ello manifestamos una vez más nuestro rechazo a estas leyes injustas que atentan contra derechos fundamentales de las personas y exigimos la paralización de su entrada en vigor. Esperamos haga llegar nuestro rechazo y nuestras exigencias al presidente de Gobierno".

Fotos: Alberto Martín

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