La Federación de Servicios Públicos de UGT ha denunciado por la vía contencioso-administrativo un acuerdo de la Junta de Castilla y León con el Sindicato Satse que modifica el acceso establecido en las bolsas de empleo para ocupar plazas vacantes de enfermeras y enfermeros en nuestra comunidad dando preferencia a los especialistas en detrimento de las enfermeras generalistas con experiencia acreditada y que esta propiciando que muchas de ellos salgan fuera del sistema.
Cuando se finalizan los estudios de enfermería, todas las enfermeras y enfermeros adquieren un título que les capacita para desarrollar su trabajo como enfermara o enfermero generalista, pero si quieren continuar con su formación y especializarse deben optar por una de las siete especialidades reguladas en el Real Decreto 450/2005 del 22 de Abril para la obtención del título de Enfermera Especialista y que establece estas siete especialidades: Familia y Comunitaria, Trabajo, Geriatría, Obstétrico-ginecológico, Pediatría, Salud Mental y Médico-quirúrgica. En la actualidad se accede por la vía EIR, la vía excepcional, y el cambio de titulación para los que obtuvieron el título en las antiguas especialidades. Esta formación se realiza a través de un contrato en prácticas remunerado mediante el sistema de residencia.
Estoy de acuerdo con la conveniente y necesaria formación específica y especializada de los cuidados del personal de enfermería, y es por ello que se deben tomar medidas para que este personal especializado se incorpore al mercado de trabajo de forma progresiva, pero en ningún momento puede ser perjudicando los derechos y vulnerando la igualdad de oportunidades de los y las enfermeras más antiguas, que curiosamente han contribuido, en gran medida, a la preparación y formación de estos nuevos especialistas.
La Junta de Castilla y León, El Consejo de Colegios Profesionales de Diplomados en Enfermería y el sindicato Satse han firmado un acuerdo, fuera de la mesa Sectorial de Sanidad, que ha puesto en píe de guerra a la enfermería de nuestra comunidad. Este acuerdo que no ha sido suficientemente estudiado y analizado por sus protagonistas ha provocado enfrentamiento muy graves entre antiguas enfermeras generalistas y las nuevas enfermeras especialistas. A partir de ahora con este nuevo criterio más de 5.000 enfermeras y enfermeros se verán perjudicados a la hora de acceder a las plazas vacantes que convoca la Junta.
No se puede aceptar que de la noche a la mañana se cambien los criterios de adjudicación de plazas especializadas de enfermería en las bolsas de empleo, sobre todo cuando la Junta de Castilla y León no tiene catalogadas las plazas de enfermería, especialmente en Atención Primaria.
Lo lógico es que este cambio se hubiera producido de forma gradual dando un tiempo transitorio para que los enfermeros más antiguos tuvieran la oportunidad de especializarse y, hasta que no finalizara esta formación, no se debería aceptar como preferencia absoluta la especialidad, como bien reivindica el sindicato UGT, además sorprende que se usen estas medidas cuando se ha actuado de forma diferente con otros colectivos sanitarios en las mismas circunstancias.
Esperemos que tanto la denuncia pública como la demanda judicial que ha presentado UGT ponga las cosas en su sitio una vez más, y se corrijan los desatinos a los que ya nos tiene acostumbrados la Consejería de Sanidad. Desgraciadamente la mayoría de los casos tiene que hacerlo la justicia.