La Transición española asentó las bases de una democracia, permitida, controlada y dirigida por las fuerzas conservadoras dominantes, que debieron ser aceptadas en su momento por la oposición al Régimen franquista si se quería conseguir el cambio. Esa renuncia de máximos y de ideales por parte de la izquierda, que debió de ser temporal y no permanente, es causante de que algunas cuestiones sociales y políticas aún no hayan completado su proceso de transición.
Una de esas causas pendientes se refiere a la religiosidad del Estado y la influencia de la Iglesia española en la vida social y política permitida, con mayor o menor consentimiento, por los distintos gobiernos. Su peso en los sectores tradicionalmente conservadores, e incluso poco democráticos, evitó que la Constitución declarase la creación de un Estado laico, permitiendo que bajo el epígrafe de "aconfesional" la Iglesia Católica conservase sus privilegios y su órbita de poder.
Para conseguir un Estado más justo, igualitario y democrático, es obligatorio completar esa transición. La creencia religiosa, o la falta de ella, es una cualidad intrínseca del ser humano y por tanto debe ser inviolable. Si un Estado privilegia una creencia concreta sobre otras, rompe el principio de justicia e igualdad en el que toda democracia debe basarse. Por tanto, la mejor manera de salvaguardar ese derecho es respetando la religión como algo privado sin elevarla a categoría de Estado.
De los muchos aspectos que se podrían debatir y analizar sobre este tema, quiero realizar dos análisis que considero fundamentales: el privilegio económico que el Estado concede a la Iglesia, sobre todo cuando funciona como una gran empresa, y lo dañino que esa influencia supone para la consolidación del Estado de Derecho.
El diezmo: ese impuesto obligatorio que se aplicó en la Edad Media hasta finales del XIX y que consistía en tributar la décima parte de la riqueza que generases, se destinaba a mantener y engrandecer a la Iglesia como institución pues para asuntos religiosos, sacramentales y de obras pías, existían otros pagos. Gracias a él se financiaron pequeñas ermitas e iglesias en pueblos remotos pero también grandes iglesias, catedrales, conventos e incluso palacios. Se financiaron cuadros, esculturas, música, orfebrería y la confección de ricos paños. Por eso no entiendo que si esas cosas se consiguieron con dinero de todos en un pasado, en la actualidad se considere a la Iglesia como propietaria privada de unos bienes que deberían ser patrimonio Estatal. Esa privatización permite que la Iglesia funcione como una empresa altamente rentable allí donde puede y cobre entrada por visitar algo que debería ser público, como la Catedral de Salamanca, por ejemplo.
Actualmente el mantenimiento del sistema de la Iglesia sigue dependiendo del dinero público. De la campaña de la Renta de 2012 los obispos recibieron 247 millones de Euros, pero si se suman las exenciones de IVA (las entradas a los edificios religiosos y museos no tributan), el pago del profesorado de religión por parte del Ministerio de Educación, el sueldo de los capellanes de hospitales, del ejército, que también corren a cargo de los ciudadanos, ayudas a ONG´s religiosas, colegios privados, hospitales y demás, la cifra supera los 11.000 millones de Euros.
Pero marcar la X en la Iglesia Católica no supone un acto de conciencia de sus creyentes, que si les sale a devolver siguen recibiendo el total de su declaración, sino que se indica que de los impuestos a pagar se quiere destinar el 0,7% a ese fin, por tanto es dinero que el Estado deja de ingresar en otras partidas. Marcar la casilla de otros fines sociales ("otros", como si la Iglesia por sí sola fuese uno) también financia a la Iglesia, esta vez de manera indirecta, ya que más de la mitad de las ONG´s subvencionadas son católicas.
El argumento de labor social y de beneficencia que desarrollan las instituciones religiosas gracias al dinero recibido supone un peligro, una trampa a la hora de querer justificar ese dinero ante la opinión pública. Como ciudadanos debemos exigir al Estado que cumpla su obligación asistencial y social para con nosotros, al igual que la labor educativa y sanitaria, o la de defensa, y no permitir que, a través de artimañas se descargue esa labor en una beneficencia y dirigida con un interés sectario y de control social.