La insuficiente aplicación del Derecho vigente como muestra del desinterés social por la situación de miles de niños obligados a trabajar
Viajando por el país tropical de la samba y el fútbol, el panorama social que se presenta fuera de los recintos hoteleros y zonas comerciales o barrios de lujo es desalentador. Debiera exponer la gran cantidad de personas que habitan las calles, drogodependientes, discapacitados físicos, etc, pero me gustaría utilizar este espacio para dar a conocer la realidad de los más pequeños, la de los niños trabajadores. A lo largo de un día en una metrópoli como Sao Paulo, ya sea en jornadas laborales o festivas, decenas de niños trabajadores se cruzan en la rutina de los transeúntes. Algunos venden pequeños objetos como pegatinas, paños de cocina o dulces, otros se ofrecen para darle brillo a los zapatos de los ejecutivos enfundados en sus trajes. Los hay que hacen malabares en los cruces viales mientras se espera a los semáforos, o los que se sitúan en las puertas de los supermercados para transportar las bolsas de la compra de quien les den unos reales como propina. Además de lo cual, según cifras de UNICEF, de los más de 7 millones de niños trabajadores en Brasil, más de 560.000 trabajan como empleados domésticos.
El Derecho, tanto en la esfera internacional como en el ámbito federal, se posiciona prohibiendo estas prácticas. La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, el Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo de 1973 y el Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil de 1999, han sido ratificadas por Brasil en 1990, 2001 y 2000 respectivamente. Estos instrumentos jurídicos garantizan la abolición del trabajo infantil estableciendo una edad mínima para entrar en el mundo laboral y fijando normas que aseguren el más completo desarrollo físico y mental, pues es indiscutible que esta primera etapa es vital para el desarrollo psicosocial del menor. Por su parte, la Constitución Federal brasileña de 1988, en su título 7 párrafo XXXIII señala "La prohibición de todo trabajo nocturno, peligroso o insalubre para los menores de 18 años y de cualquier tipo de trabajo para los menores de 16 años, excepto en la situación de aprendiz a partir de los 14 años de edad."
Es cierto que las autoridades brasileñas junto con diversas ONG han puesto en marcha diversos planes que han obtenido resultados positivos en los últimos años reduciendo notablemente el número de niños que trabajan con una franja de edad de entre 5 y 14 años, pero aún queda mucho por hacer. UNICEF, junto con el Gobierno Federal y otras entidades, ha creado una aplicación para Smartphones y tablets, Proteja Brasil, con el fin de facilitar la denuncia de los actos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, que ha alcanzado las 20.000 descargas lo cual parece demostrar un incipiente compromiso social por el cambio.
El trabajo infantil conlleva además del crecimiento del abandono escolar y el aparejado analfabetismo, la malnutrición, el aumento de enfermedades junto con el envejecimiento precoz e incluso la muerte. Según la Fundación Internacional por los Derechos Laborales existen países con una arraigada tradición de tolerancia frente al trabajo infantil, asociado ello en buena medida con prejuicios hacia poblaciones aisladas. El tremendo problema que se plantea es el cambio de mentalidad en una sociedad que no se cuestiona si en esa franja horaria en que el menor está trabajando debería estar en un centro educativo, o ni tan siquiera qué edad puede tener. La causa a mi juicio de este cáncer social es la falta de solidaridad y tolerancia con el prójimo consecuencia de la tan arraigada división de clases en la sociedad brasileña y la carencia de sensibilización con los más débiles pertenecientes a las esferas más humildes.
Millones de niños, que no cuentan con la posibilidad de tener una educación básica, se ven privados de ir a la escuela y en vez de llenar su mochila de libros y lápices de colores, tienen que cargar el peso de una sociedad que les abandona a su suerte. Las leyes existen. Es necesario hacerlas valer y exigir a los poderes judiciales mayor determinación a la hora de contemplar estas prácticas. Los jueces continúan expidiendo permisos de trabajo para menores de 16 años incluyendo actividades nocturnas e insalubres, para las cuales se exigen mínimo 18 años. Así mismo, entiendo que debiera ser esencial el fortalecimiento del control de asistencia escolar durante la edad de enseñanza obligatoria. Hay que luchar por implantar una conciencia de la igualdad y solidaridad mediante la educación en DDHH para que la sociedad brasileña deje de entender como algo irremediable que las personas con menos recursos pasen penurias y sufran tratos degradantes o vejatorios.
Autora: Arlén Pereira Cascón