El final de la dictadura franquista supuso para muchos españoles el principio del fin de una sociedad caciquil que se asentaba en el clientelismo político minuciosamente tejido por gobernantes, aristócratas y los poderes fácticos a lo largo de nuestra historia. Las botas de los militares se fueron cambiando por los votos de los ciudadanos y el "vuelva usted mañana y pídalo por escrito estampando una póliza de cinco pesetas deseando al jefe de negociado administrativo que Dios le guardara muchos años" con el que funcionaban las oficinas públicas, se fue sustituyendo progresivamente por el funcionario democrático que representa a una administración pública que sirve con objetividad los intereses generales con sometimiento pleno a la ley y al derecho (como especifica el artículo 103 de la Constitución).
Los deseos de la joven democracia española eran incompatibles con los ademanes caciquiles. Razón tenía el profesor de filosofía del Instituto cuando nos aclaraba que el Estado de Derecho consiste en la supresión de privilegios y en que todos seamos iguales ante la ley. Ya era hora de que superásemos aquella sociedad del hombre hispano, Machadiano, de la España inferior, aquél que permanecía
"bajo el bigote gris, labios de hastío,
y una triste expresión, que no es tristeza,
sino algo más y menos: el vacío
del mundo en la oquedad de su cabeza"
Y, ciertamente, hubo una época a finales del siglo XX, en que parecía que ese pasado estaba superado y ciertamente lo conseguimos entre todos, en algunos momentos, incluso organizamos olimpiadas, mundiales de fútbol, ganábamos algún "Óscar" en el cine y conseguimos bajar el índice de desempleados por debajo del 10 %.
Pero, con el tiempo, el "erre que erre" de Paco Martínez Soria volvió a la primera plana de la actualidad (con el cine de barrio a una hora televisiva de máxima audiencia) y aquélla España volvió a tener protagonismo social. Es indignante, por ejemplo, ver cómo las distintas Unidades de la Administración Pública son dirigidas por jefes en muchos casos incompetentes, aunque sí aduladores del poder, que consiguen, a cambio, que allegados íntimos y parientes próximos puedan trabajar con él en esa misma Unidad (cónyuges, padres y otros). ¿Cómo no van a ser leales al poder político esos jefes, sabiendo que, en otro caso, pueden retirarle la comisión de servicios a alguno de sus parientes? Por desgracia, esto lo han hecho todos los gobiernos y hay que denunciarlo, porque es, también, una manifestación de corrupción política, de abuso de poder, de favoritismos que nacen de es mano que mece la cuna.
Como también es vergonzoso que con la llegada de las elecciones municipales muchos candidatos entran en listas electorales porque los dirigentes de esos partidos les prometen mejoras laborales (traslados de puesto de trabajo en localidades alejadas, a ciudades cercanas, comisiones de servicio en una Unidad Administrativa o Educativa más próxima y golosa), convirtiéndose los partidos políticos en "agencias de colocación" .
Es, así mismo, reprochable, convivir con una legislación laboral que fomenta el trabajo temporal, precario y con salarios ridículos y escuchar a algunos Obispos (como el de San Sebastián) decir que la sexualidad humana no debe tener lugar ni fuera del matrimonio ni para obtener placer y desahogo físico y mental, sino para procrear, ó que la masturbación es un acto de violencia sobre sí mismo, ó que el sexo homosexual no puede recibir aprobación, en ningún caso y que son "depravaciones graves". ¿Qué sabrán estos Obispos de sexualidad?. ¿Por qué no condenan las agresiones y abusos sexuales a menores que han sido cometidos por alguno de sus correligionarios eclesiásticos? ¿Estos no son depravados morales?
Para colmo, en la consolidación de esta sociedad caciquil que nos atenaza y que el poder político promociona, escuchamos al ministro del Justicia, Sr. Catalá, que hay que estudiar la posibilidad de que se sancione a los medios de comunicación que revelen informaciones sobre el descubrimiento o la investigación de casos de corrupción política. Estamos ante uno de los momentos sociales y políticos más peligrosos de nuestra historia reciente. Atacar la libertad de expresión y matar al mensajero es una táctica de estados fallidos, pero no de uno social y democrático de derecho que respeta los valores superiores de libertad, igualdad, justicia, solidaridad, tolerancia y pluralismo. Ha sido, también, un día triste para la profesión de periodista, porque, el director del diario El Mundo ha sido cesado después de haber criticado al gobierno porque la propuesta de Catalá constituye un furibundo ataque contra la libertad de expresión.