Recuerdo con poco agrado una conversación mantenida hace años con unos padres a los que había que comunicar (tanto como preguntarles si les parecía bien por decirlo así, o para pedirles permiso por decirlo asao) la sanción aplicada a su hijo por un expediente disciplinario. Tras las acostumbradas confusiones de que estaban allí para "defender" (?) a su hijo el padre me espetó, al considerar extremada una sanción de 10 días sin asistir al instituto, que su hijo no era un terrorista. La palabra está tan cargada de connotaciones que tuve que morderme la lengua para no decirle que, lo fuera o no, se comportaba efectivamente como tal, con los paralelismos entre un centro escolar y un estado de derecho, y no me refiero sólo a las conductas por las que fue sancionado que desmantelaban las clases y los pasillos del centro sino también por cómo nos negaba la autoridad para intervenir: conocía sus propios derechos (a la vez que ignoraba sus deberes pues se consideraba libre de cumplirlos) y exigía que para restringírselos se cumplieran todas las condiciones (no pedía un traductor de euskera porque aquí no es cooficial); se acogía a una presunción de inocencia por la que pedía pruebas de cargo mayores que el juicio de Nuremberg menospreciando las declaraciones de los profesores -recientemente elevados a la categoría de autoridad pública e investidos por ende de la presunción de veracidad- con la simple negación de los hechos o el recurso a que le teníamos manía; se envolvía en la bandera del alumnado para pedir la ayuda de ese colectivo que, por miedo o por admiración, le acogía dentro del manto protector de ser "uno de los nuestros"; etc. En un instituto no hace falta poner bombas para comportarse como un terrorista y quien quiera ver en ello que soy persona poco tolerante con las conductas de rebeldía de los alumnos me conoce muy poco. Se sanciona apenas al 5% de alumnos y puedo asegurarles que no es a la ligera.
En la comunidad autónoma catalana algunos de sus habitantes, muchos con la sonrisa en la boca de puro simple que parece que si quieres hacer algo te dejen hacerlo, se pronuncian en público y en voz alta contra una ley que han decidido no cumplir porque tienen el convencimiento de tener la razón en una nueva aplicación del socorrido oxímoron de las leyes injustas. Sorprendentemente o no algunos de sus dirigentes (los próceres, los maestros) animan con total tranquilidad a incumplir las directrices de un tribunal Constitucional que abrazarían entusiasmados si les conviniera. Falta madurez para entender lo que implica convivir con otros que no piensan lo mismo que tú. ¿Nos falta a todos? La dirigente de la ANC Carme Forcadell pide votar y que se respete a los ciudadanos sin entender que su condición de ciudadana no la tiene por el hecho de haber nacido sino que proviene precisamente del hecho de asumir los derechos y deberes en convivencia con otros y amparados por un estado de derecho que la protege de la vulneración de las leyes cometidas a su vez por esos otros. Existe el delito de amenazas, es decir el anuncio de que se va a cometer un delito, de que se acerca la violencia como anticipó esta semana el Honorable, pero si se menciona probablemente será peor. Mira, en el insti lo tenemos más fácil y el clásico "A la salida te espero" ya es sancionable.
En Rumanía, en diciembre de 1989, tras la caída del Muro los acontecimientos se precipitaron y las masas de ciudadanos asumiendo que las leyes que mantenían a Ceausescu en el poder eran injustas reaccionaron con una revuelta popular que condujo a la huida del dictador y a su posterior captura, juicio y ejecución. Todos lo contemplamos por la tele como ahora seguimos las protestas en Hong Kong y en Cataluña. ¿Aquello estuvo bien?, porque la Comunidad Internacional no intervino en Timisoara ni Bucarest y casi aplaudió que desapareciera otro satélite comunista. ¿Era legítimo oponerse a las leyes, derrocar al dictador que las dictaba?, ¿lo fue en Túnez, en Egipto, también en Siria? ¿Qué certezas tenemos?, ¿qué demonio o ángel interior, qué juicio -que Kant nos asista- nos dice que en este caso está justificada la desobediencia a las leyes y en este otro no?; ¿es el Gobierno español en la figura de su presidente Mariano Rajoy un gobierno totalitario y este último un dictador que debe ser desobedecido?. Algo dentro de nosotros nos dice que no pero ¿cómo estar seguros?.
Seguro qué habrá análisis de grandes sociólogos que explicarán estos movimientos pero los que no leeremos sus libros, los que necesitamos respuestas a pie de calle, ¿cómo debemos reaccionar cuando nuestro guía, el que debería ser más responsable, nos pide desobedecer las leyes que él mismo ha aprobado?. Urge más que nunca una Ética ciudadana que nos ayude a orientarnos, que eduque nuestro juicio. Y de nuevo ahora, precisamente, la quieren quitar de las escuelas convirtiéndola en la opción alternativa a la Religión. Qué disparate. La Educación se traiciona a sí misma.