Pueden encontrar en la edición digital del diario "Público" una información procedente del Tribunal de Cuentas, según la cual este organismo nunca ha fiscalizado los fondos que la Iglesia Católica del Estado. Cualquier institución que recibe dinero público está sometida al control del Tribunal de Cuentas, desde los partidos políticos a las ONGs, cualquiera salvo la institución por antonomasia, con la que siempre topan todos lo intentos de entender de forma racional nuestra sociedad.
Resulta que siguen en vigor unos Acuerdos entre España y el Vaticano, firmados en el año 1979 (hace 36 años) por el que la Iglesia Católica se limita a presentar cada año una memoria del destino dado a los fondos públicos, sin necesidad de adjuntar documentación de ningún tipo. Dado que cualquier norma que afecte a la Iglesia Católica parece ser inmune a la ley, parece que tampoco se aplica la Ley de Transparencia, que obliga a todas las entidades privadas que reciban ayudas o subvenciones públicas a publicitar los recursos económicos de los que disponen y las actividades que realizan. ¿A todas? No, la Iglesia Católica no tiene que dar ninguna explicación sobre lo que hace con el dinero público que recibe. Y no estamos hablando solo del dinero procedente del 0,7% del IRPF, sino que la Iglesia Católica ingresa cantidades desconocidas (sí, sí, desconocidas) e imposibles de cuantificar procedentes de conciertos educativos y sanitarios. Cualquier entidad social que recibe fondos procedentes del 0,7% del IRPF está sometida a un estricto régimen de cuantificación en aplicación de la Ley de Subvenciones, cualquier menos la Iglesia Católica.
En el propio Tribunal de Cuentas se reconoce que la negativa del gobierno a incluir a la Iglesia Católica en los programas de fiscalización que aprueba cada año el Congreso, se debe a que se llegaría a la conclusión de que esta institución está sobrefinanciada, y que existe un enriquecimiento injusto al contar con una doble vía de financiación que incluye conceptos finalistas con otros de sostenimiento general.
Y no crean que para aquí la cosa. La Iglesia Católica española, que sin duda es la institución que cuenta con un mayor patrimonio, está exenta del pago del IBI, lo que supone un auténtico dineral cada año que dejan de percibir los ayuntamientos.
Por si fuera poco, convertimos nuestras escuelas públicas en centros de impartición de doctrina católica, con profesores elegidos por la Iglesia pero pagados por el Estado, en aulas públicas y mantenidas con fondos públicos. Y les pagamos sus escuelas mediante un sistema de conciertos educativos incompatibles con un estado democrático y laico como el que dicen que es el estado español.
Pero no tienen suficiente, se quejan y se sienten maltratados. Dos mil años encamados con los poderosos los ha hecho insaciables. Han confundido lo de ser representantes de Dios en la tierra con el derecho a vivir como dios a costa de los terrícolas.