CYL
Actualizado 14/03/2015
Redacción

Es la única Comunidad que ofrece y financia dos servicios de forma simultánea para las personas con discapacidad que se encuentran en situación de Dependencia

Castilla y León es la única autonomía que financia dos servicios de forma simultánea a las personas con discapacidad en situación de Dependencia. Las personas con discapacidad en Castilla y León perciben hasta 1.000 euros más al mes que en otras autonomías, es decir el triple de lo que marca la norma estatal. Así lo ha afirmado hoy la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ante más de 330 familias, procedentes de quince comunidades autónomas, que han participado en Villarcayo (Burgos) en el encuentro de carácter nacional de familias, organizado por Feaps.

De esta forma, las personas con discapacidad de grado III pueden llegar a percibir al mes 1.716 euros, frente a los 715 euros que estableció el Real Decreto de 2012. Las de grado II de la Comunidad reciben 1.491 euros, frente a los 426 euros que marca la norma a nivel nacional.

Los acuerdos con Cermi han permitido que el servicio de atención residencial permanente, cuando se considere que es el recurso idóneo para la persona con discapacidad, sea compatible o bien con el centro de día o bien con el servicio de promoción de la autonomía personal o con el asistente personal.

De esta medida, se pueden beneficiar 4.000 personas con discapacidad que viven en una residencia o vivienda y que, desde el pasado mes de enero, tienen a su alcance otra ayuda adicional para pagar también el centro de día, el servicio de promoción de la autonomía personal o un asistente personal.

"En Castilla y León no hay ninguna persona con discapacidad que, necesitándolo, no tenga concedidas dos prestaciones de forma simultánea", ha afirmado Milagros Marcos, quien ha añadido que ninguna persona se queda privada del acceso a las prestaciones que le pueda corresponder por falta de recursos.

Durante el encuentro que ha mantenido con las familias, la consejera ha hecho un repaso de las actuaciones de su departamento en favor de las más de 166.000 personas con discapacidad de Castilla y León y sus familias, y ha recordado que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades cuenta con un presupuesto para atender a las personas con discapacidad que alcanza los 158,1 millones de euros, un 3,1 % más que en 2014.

Apuesta por la carrera profesional de las personas con discapacidad

La Junta de Castilla y León está llevando a cabo una apuesta decidida por la atención, pero también por la inserción laboral. Su objetivo es facilitar que las personas con discapacidad dispongan de los apoyos necesarios en cada momento para lograr una adecuada capacitación, que les permita dar el salto del sistema educativo al mercado laboral. Se trata de diseñar para cada persona una auténtica carrera profesional, que abarque desde la formación hasta el desempeño profesional, pasando por prácticas laborales en empresas, orientación e intermediación laboral.

Son lo que se conocen como itinerarios para la formación y el empleo. En total, y para reforzar la inserción laboral de las personas con discapacidad, el presupuesto para 2015 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades contempla 4,3 millones de euros, lo que supone ocho veces y media más que lo destinado en 2014.

La meta, como ha manifestado la consejera, es acompañar a la persona con discapacidad a lo largo de todas sus etapas, proporcionarle un proyecto de vida, con actuaciones coordinadas entre el sistema educativo, social y laboral, que le garantice el máximo grado de autonomía personal y de participación efectiva en la sociedad, siendo el empleo la clave de la integración.

Estos itinerarios de formación, introducidos en la Comunidad de forma pionera, han contribuido a que Castilla y León sea la segunda autonomía en creación de empleo de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo. Pero no ha sido la única iniciativa impulsada por el Gobierno autonómico.

La consejera ha recordado así que la Comunidad fue una de las primeras autonomías en aprobar la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública y en reservar contratos para Centros Especiales de Empleo. Esta apuesta ha posibilitado que en Castilla y León más de 4.000 personas con discapacidad estén actualmente trabajando en los 192 Centros Especiales de Empleo que existen.

 

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