La denuncia hace referencia cuatro operaciones inmobiliarias en Salamanca, Madrid y Valencia, entre ellas, la compra del edificio María La Brava
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha interpuesto este jueves una querella en la Audiencia Nacional contra cuatro exdirectivos de Caja Duero por supuestos delitos de estafa agravada, de administración desleal o fraudulenta y cualquier otro que pudiera desprenderse de la instrucción en cuatro operaciones inmobiliarias en Salamanca, Madrid y Valencia.
Acciones judiciales iniciadas por la formación magenta y de la que han dado cuenta en Salamanca el candidato a la presidencia de la Junta, Rafael Delgado; la candidata a procuradora a Cortes por Salamanca, Águeda Arranz, y el candidato a la alcaldía de Salamanca, Óscar Sánchez. En concreto, según apuntan desde UPyD, las operaciones a las que se refieren son "la compra del edificio de Doña María La Brava en Salamanca; la adquisición de participaciones sociales de la empresa Alqlunia Duero SL; la compra del edificio Marqués de Villamagna en Madrid; y la del local situado en el número 27 de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia". Casos en los que la formación magenta señala a ex altos cargos de la entidad financiera, entre ellos el expresidente Julio Fermoso.
A juicio de la formación, estos hechos, "previos a la fusión de Caja España-Duero, no escaparon del conocimiento del Consejo de Administración de la nueva entidad". De hecho, añaden, "el 31 de agosto de 2012 se aprobó la contratación de servicios financieros de despachos jurídicos externos para despejar cualquier duda de la gestión de las cajas en los últimos años".
UPyD también vincula el "agujero de 160 millones de euros" dejado por estas adquisiciones "con la obtención de liquidez a través de sendas ventas de acciones preferentes en mayo de 2009 (valoradas en cien millones de euros) y de acciones subordinadas en junio de ese año, cuyo montante ascendió a 200 millones de euros". UPyD ha subrayado que "el coste total de la recapitalización de Banco Ceiss superó los 1.531 millones de euros: 1.120 millones en ayudas directas (525 millones provenientes del FROB y 604 fruto del Plan de Resolución de Caja España-Duero) y 402 millones en garantía que corresponden a la compensación por arbitraje (160 millones de euros), la cobertura de las demandas judiciales (241 millones de euros) y al riesgo Sareb (un millón de euros)".
El candidato a la presidencia de la Junta, Rafael Delgado, ha señalado que UPyD "ha puesto estos hechos en conocimiento de la Fiscalía porque nadie más quería hacerlo", y ha criticado que "los responsables políticos y los gestores de la caja no asumieran responsabilidades". El también coordinador territorial ha aseverado también que "hubo un fallo muy serio en los órganos de control, Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores. La salud del sistema financiero está en entredicho, y esto no es aceptable en una democracia moderna".