PEÑARANDA | La situación ha paralizado los pagos pendientes a 10 trabajadores de la anterior administración de la empresa, que acumulan hasta 18.000 euros de deuda cada uno
José Fernando Luengo Becerro, secretario de Organización y Acción Social de CCOO, ha mantenido en la mañana de este jueves una reunión con el alcalde de Peñaranda, José Antonio Jiménez Barcala, y diferentes representes de los trabajadores del matadero para tratar la regularización en los pagos pendientes de abono, algo que había quedado pendiente de la anterior administración de la empresa y que ahora se ve agravada por la situación irregular que presenta en el registro la parcela sobre la que se asienta la empresa.
Según ha podido conocer en exclusiva SALAMANCArtv AL DÍA y BRACAMONTE AL DÍA, todos los trámites sobre este procedimiento se están desarrollando en el Juzgado de lo Social, pero en la fase final, que desemboca en la resolución de expedientes, la juez encargada del caso ha encontrado un inconveniente en la parcela del matadero. Esto se debe a que los terrenos aún figuran en propiedad del anterior gestor de Carnicas Peñaranda, cuando la realidad es que la parcela, sobre la que se levantaron las instalaciones de la empresa, es una cesión realizada por el Ayuntamiento de Peñaranda para su explotación industrial.
Este documento, recogido en el Catastro, ha generado una paralización judicial de la situación y ha provocado un importante malestar tras conocerse este grave error en la inscripción del terreno. Como consecuencia de la aparición de este dato, la justicia ha iniciado los trámites para hacer caer sobre él un posible embargo, algo que se evitará con la presentación de informes que acrediten la propiedad municipal y no privada de este bien.
El Consistorio ya ha remitido al Juzgado la documentación que avala la situación real de cesión que se firmó en su día, pidiendo la modificación de la propiedad, algo que será completado con los diferentes escritos que prepara el organismo sindical. El objetivo es aclarar y desbloquear la situación para que, tras la declaración de insolvencia del anterior administrador, sea el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) quien se haga cargo del abono de las cantidades adeudadas.
En la actualidad, 10 trabajadores se encuentran afectados por esta paralización, situación que se mantiene a la espera de resolución y cuyo resultado podría producirse en las próximas semanas. La deuda contraída con estos empleados ha provocado importantes problemas en sus economías domesticas, llegando a acumular cantidades cercanas a los 18.000 euros de deuda cada uno.