Profesor de Derecho Penal de la Usal
Las últimas encuestas electorales publicadas en el barómetro del CIS del mes de enero pronostican que si se celebrasen hoy las elecciones las volvería a ganar el PP y que Podemos desbancaría al PSOE de la segunda posición. Parece increíble que con la que está cayendo en España en los últimos años (incremento del paro, crisis económica, destrucción del Estado del Bienestar y corrupción asociada a los partidos políticos con especial virulencia al Gobierno del PP), siga siendo la fuerza política conservadora la preferida por los españoles para seguir dirigiendo las riendas de nuestro país.
Lo paradójico es que esta situación no se produce por los méritos del Gobierno de Rajoy (nada más hay que ver la valoración del presidente, que es de los líderes con peores guarismos y la de sus ministros, que, no sólo ninguno llega al aprobado, sino que el máximo valorado, la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría, tiene un 3,06 sobre 10), sino por los errores del principal partido de la oposición, el PSOE. Por un lado, los dos últimos años del Gobierno de Zapatero, quién no tuvo la valentía de enfrentarse a la 'Troika', sino que sus estrepitosos recortes sociales condujeron a la reforma del artículo 135 de la Constitución (mientras el PP se frotaba las manos sabiendo seguro que su electorado conservador es menos crítico y que les iba a apoyar incondicionalmente y que, de los sectores progresistas, unos se abstendrían y otros apoyarían a otras opciones de la izquierda política diferentes a la del PSOE).
El efecto 'Pedro Sánchez' no ha servido de revulsivo a las expectativas electorales del PSOE. Además de las disputas mal amortiguadas entre el nuevo Secretario General y algunos miembros destacados de la vieja guardia, Pedro Sánchez, inexplicablemente, ha firmado un pacto contra el terrorismo yihadista con el Gobierno del PP, cuyo contenido es rechazado por la mayoría de la doctrina penal española y el electorado más progresista de nuestro país.
No sólo porque incorpora (como la reforma del Código Penal, ahora en debate en el Senado) penas draconianas, infames y bárbaras, como la cadena perpetua (aunque eufemísticamente la denominen prisión permanente revisable) que colisionan con el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y los artículos 15 (prohibición de imposición de penas o tratos inhumanos o degradantes) y 25.2 de la Constitución Española (orientación resocializadora de las penas privativas de libertad), sino que con la reforma del los artículos 571 y siguientes del Código Penal (reguladores de los delitos de terrorismo), se incluyen conductas punibles que por su finalidad serán considerados delitos de terrorismo, sin que hasta ahora lo hayan sido.
A la finalidad de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, que se requiere en el vigente Código Penal para que un delito sea considerado de terrorismo, se incluyen otras finalidades o elementos teleológicos, como los de "intimidar gravemente o atemorizar a la población o parte de la misma", "crear un grave sentimiento de inseguridad o temor", o "destruir, causar daños graves o alterar gravemente el funcionamiento de las estructuras básicas políticas", etcétera. En esos conceptos tan vagos, amplios, imprecisos y ambiguos, algunos desordenes públicos ocasionados por protestas ciudadanas del tipo de las protagonizadas en el barrio de Gamonal, en Burgos, parar desahucios o tuitear sobre una protesta con disturbios, pueden ser calificados como delitos de terrorismo, con el "etiquetamiento" que supone para sus autores, las elevadas penas que les serán impuestas y la severidad de su cumplimiento.
Contra el terrorismo, en su genuina versión, estamos todos, sea nacional o internacional, lo protagonicen los yihadistas, el estado islámico, ETA o el Grapo, en España, las extintas Brigadas Rojas en Italia, la Baader-Meinhof, en Alemania, o el IRA en el Reino Unido. Pero una cosa es esto y otra muy diferente son las protestas ciudadanas con fines reivindicativos de derechos y libertades básicas de los ciudadanos en las que haya ataques a personas y daños en las cosas (perseguibles penalmente, por supuesto, pero bajo el paraguas de otras figuras delictivas).
Un Estado de Derecho se caracteriza por la humanidad y no por la barbarie, por la legalidad que emana de la razón y de los principios y valores democráticos y de respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos y no por el autoritarismo y la fuerza. Qué razón tenía mi viejo profesor Tomás y Valiente cuando afirmaba que hay que "edificar con la razón, la experiencia histórica y la tolerancia, como instrumentos".
Si el PSOE continúa por esa suicida senda, los pocos votantes auténticamente progresistas que aún le quedan apoyarán a otras formaciones políticas: Podemos, Ganemos, Equo o IU. Eso es lo que pretende el PP, dividir a la izquierda y frotarse las manos. ¡Ay si Pablo Iglesias (fundador del PSOE), Julián Besteiro, Fernando de los Ríos o Jiménez de Asúa levantaran la cabeza!