En estos días asistimos al penúltimo episodio de un muy largo culebrón con varios protagonistas, los gerentes y tesoreros del Partido Popular desde su refundación como partido político y los dirigentes del Gobierno.
A lo largo de estos años los ciudadanos hemos asistido a un espectáculo de corrupción personal y política llevada a cabo por políticos significados del Partido que gobierna actualmente. Desde 1990, al menos, aunque hay datos de que fue un procedimiento de exacción ilegal organizado y bendecido por las distintas cúpulas del Partido desde sus inicios, mientras hipócritamente lanzaba a sus medios de comunicación contra el PSOE, Ciu, PNV o IU.
Ciertamente, el gran problema de los partidos políticos españoles, además de su reducida democracia interna y su centralización política ha estado en sus enormes problemas de financiación, ya que la militancia de los partidos es incapaz de mantener organizaciones complejas y campañas electorales muy costosas.
El resultado ha sido que los diferentes partidos han buscado formas ilegales de financiación, bien a través de empresas tapadera que cobraban servicios que no realizaban o bien mediante una especie de impuesto sobre las concesiones administrativas, obras públicas, concursos, etc.
Sin embargo, el problema, no atajado en su momento, cuando solo se atacaba al partido opuesto y no se decía nada de lo que hacía el propio, se ha convertido en un verdadero cáncer para nuestro sistema democrático porque ha creado toda una serie clientelar de empresas dispuestas a vivir del expolio público a costa de soltar sumas de dinero que se repartían los dirigentes y el propio partido. Todos tan contentos, el partido conseguía mantener sus campañas y su estructura y los dirigentes conseguían sueldos extra o cantidades de dinero para mejorar su estatus económico.
Y mientras la ciudadanía, que no era tonta, lamentablemente callaba, sin castigar a estos parásitos del Estado, a estos chupasangres de nuestros impuestos y de nuestros ingresos. Porque no hay que olvidar que los sobrecostes de las obras o de los concursos amañados los pagamos entre todos. En Madrid, en Cataluña, en Valencia, en Murcia, en Castilla y León, etc se han producido estos desmanes sin que se haya castigado electoralmente a los políticos y partidos que se han beneficiado personalmente de este latrocinio de lo público. Ahí están los resultados electorales en Valencia, en Murcia, en Madrid, y en tantos otros sitios plagados de corrupción política.
Pero lo que colma el vaso de la paciencia es contemplar a los dirigentes del Gobierno y del PP mirando para otro lado y afirmar, sin que se les caiga la cara de vergüenza, que ellos no tienen nada que ver, que el robo a los dineros públicos es solo del señor Bárcenas y que no supieron a lo largo de 18 años nada de nada. Estas afirmaciones que están en contra del sentido común son repetidas todos los días, en un esfuerzo por entontecer a los ciudadanos e impedir que en un año electoral tengan consecuencias políticas. El cuento ya no es creible, sobre todo porque la justicia tiene miles de documentos que acrediten las prácticas del Partido Popular a todos los niveles, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, etc. Confío que la ciudadanía no se calle esta vez, tome buena nota y decida.