El retroceso en la Sanidad Pública española está generando desigualdad y problemas serios de salud a la ciudadanía.
Autora:Pilar Hierro, activista de Amnistía Internacional
El 1 de septiembre de 2012 entró en vigor el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (RDL). Con su puesta en marcha, la sanidad española deja de ser pública, universal y gratuita para todos los ciudadanos y pasó a convertirse en una sanidad solo para los asegurados y la beneficencia. Con la puesta en marcha de esta medida España ha incurrido en una violación de los derechos humanos, por limitar el derecho a la salud que podría afectar al derecho a la vida de algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad y por tratarse de una medida regresiva y discriminatoria, es decir, la sanidad deja de ser un derecho básico y fundamental.
Las personas sin tarjeta sanitaria sólo serán atendidas en los siguientes casos: urgencias, supuestos de embarazo, parto y posparto, menores, solicitantes de protección internacional y víctimas de trata de seres humanos en periodo de restablecimiento y reflexión. Sin embargo, personas con enfermedades crónicas como el cáncer o diabetes no tienen acceso a asistencia sanitaria gratuita.
Desde la entrada en vigor del Real Decreto hace dos años, distintos organismos internacionales han mostrado su preocupación y pedido su retirada, pero el Gobierno de España ha hecho caso omiso. Las autoridades españolas han seguido implementando la reforma y han continuado adoptando normas que profundizan aún más la exclusión sanitaria.
En estos dos años, el Ministerio de Sanidad ha retirado la tarjeta sanitaria a 873.000 personas. En este tiempo, no ha hecho público ningún análisis sobre el efecto disuasorio de la reforma en personas migrantes en situación administrativa irregular, ni en la identificación de las mujeres víctimas de violencia de género y de trata. Tampoco ha explicado las posibles irregularidades en la aplicación del RDL, como puedan ser la facturación de la atención médica de urgencias.
Las organizaciones valoran positivamente el discurso que España mantiene en foros internacionales de compromiso con los mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas. Por ello pide al Gobierno que, de forma coherente con dicho posicionamiento, cumpla con sus obligaciones internacionales y con las recomendaciones de Naciones Unidas, reformando el Real Decreto Ley, asegurando la universalidad del derecho a la salud, y garantizando de manera urgente el acceso a la atención sanitaria a las personas migrantes, independientemente de su situación legal.