En 2012 se aprobó el RDL 16/2012 por el que la asistencia sanitaria deja de ser un derecho de todas las personas; según cifras del propio Gobierno, al menos 873.000 personas, especialmente vulnerables, perdieron el derecho a la asistencia sanitaria.
Autor: Guillermo Castán Lanaspa
En el año 2012 el Gobierno de España aprobó un Real Decreto Ley (RDL 16/2012) por el que la asistencia sanitaria deja de ser un derecho de todas las personas y pasa a ser una prestación vinculada a la condición administrativa del ciudadano, a la vez que se restringen ciertas prestaciones y se incrementan notablemente los copagos. Dos años después, sesenta y tres organizaciones sociales, profesionales y científicas (por ejemplo, Cáritas, Juventud Obrera Cristiana, SOS Racismo, Justicia y Paz, Médicos del Mundo, diversas sociedades médicas o Amnistía Internacional) denuncian los impactos del mismo y el incumplimiento por parte del Gobierno Español de la legislación internacional de derechos humanos.
Pues, en efecto, con este RDL al menos 873.000 personas, especialmente vulnerables, perdieron el derecho a la asistencia sanitaria, según cifras del propio Gobierno. Y además, incluso en aquellos supuestos en los que se reconoce el derecho a la atención (embarazadas, menores, urgencias), se han originado numerosos casos de desatención sin que hasta la fecha se haya querido poner remedio. La exigencia de firma de compromisos de pago, la facturación indebida de la atención en urgencias y otros impedimentos para el acceso al sistema sanitario han generando un efecto disuasorio que está poniendo en grave riesgo la salud y la vida de las personas, tal como organizaciones médicas han evidenciado en los fallecimientos ocurridos en Mallorca, Valencia y Toledo.
Las dificultades de acceso de sectores de población a las medidas para evitar la aparición de nuevos casos y/o el control de brotes epidémicos (vacunación, quimioprofilaxis o inmunoprofilaxis, aislamiento, diagnóstico o tratamiento), tienen repercusiones no sólo en el ámbito individual sino también en la salud colectiva, argumento a tener muy en cuenta a la luz de la alarma social y el peligro real que ha implicado recientemente la aparición en Occidente del virus del ébola.
Por ello, varios organismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han subrayado que esta reforma contraviene estándares internacionales de derechos humanos y han dirigido numerosas recomendaciones al Gobierno español instándole a garantizar el acceso a la atención sanitaria de las personas migrantes, independientemente de su situación administrativa. Asimismo, le han pedido que evalúe el impacto de la reforma sanitaria en términos de derechos humanos, y le han recordado que las normas de derechos humanos no pueden ser ignoradas por las presiones fiscales. Hasta la fecha el Gobierno de España no ha cumplido ninguna de estas recomendaciones.
Por eso conviene recordar que la defensa de los derechos humanos no es una cuestión encomendada únicamente a los gobiernos, sino que corresponde (y conviene) especialmente a los ciudadanos porque somos los depositarios de los derechos cuya existencia y vigencia permite distinguir la civilización de la barbarie.
Amnistía Internacional Salamanca. www.es.amnesty.org/actua/