A la Ley de Seguridad Ciudadana se la ha llamado popularmente "ley mordaza" y ha sido criticada, desde el principio, por todos los grupos de oposición, numerosas asociaciones y organizaciones de toda índole. Han sido presentadas nueve enmiendas a la totalidad y más de doscientas cincuenta enmiendas parciales al texto y, aunque algunas han sido aceptadas el Gobierno ha mantenido los artículos más polémicos.
Aun a riesgo de ser criticada, llamada ignorante y obrar de mala fe, como dice el Ministro de Interior Jorge Fernández Díaz a todo aquel que osa criticar la ley, debo decir que comparto la opinión de todos aquellos que piensan que se ha dado un gran golpe a los derechos civiles y a la libertad de expresión. La norma que ha sido aprobada en solitario por el partido popular es innecesaria y desproporcionada y cualquier gobierno que entre debe derogarla.
Con la disculpa de la crisis el Gobierno del partido popular ha tomadas medidas que han afectado a los derecho de los trabajadores y al conjunto de la sociedad, Ha abusado de recortes esenciales para los ciudadanos mientras que favorecía a algunas clases privilegiadas. Los constantes casos de corrupción y la impunidad con la que están gobernando ha colmado la paciencia de los ciudadanos que están saliendo a la calle para mostrar su indignación. Como esto no gusta, el Gobierno se ha propuesto poner fin a las protestas y con la disculpa de la seguridad, han confeccionado una ley a su medida recortado derechos fundamentales como el de manifestación y reunión aprobando una batería de faltas, que hasta ahora eran sanciones con intervención judicial y que van a pasar a ser castigadas con multas administrativas sin intervención judicial. Se limitan los derechos de libertad sindical y huelga con penas de cárcel para piquetes. También esta ley "legaliza" las llamadas devoluciones en caliente al dar capacidad a las fuerzas de seguridad para rechazar a los inmigrantes que salten las vallas de Ceuta y Melilla, entrando en una clara contradicción con la constitución y los tratados internaciones que España ha firmado. No sería de extrañar, que una vez más, nos llamaran al orden los organismos internacionales por incumplimiento de convenios y acuerdos.
El partido popular, en vez de escuchar a los ciudadanos y dialogar los criminaliza y los reprime para evitar que sigan protestando .Han sacando su verdadera cara, la de la represión y nos recuerdan viejas leyes franquistas como la Ley de Orden Público de l.959.