El Senado de los Estados Unidos publica un informe en el que denuncia los brutales, sangrientos, homicidas e inútiles métodos de la CIA, una agencia estatal de su mismo país, en la detención y los interrogatorios de presos en cárceles clandestinas. El gobierno brasileño, por boca de su presidenta, presenta públicamente el informe de una Comisión de la Verdad sobre los crímenes de la última dictadura en el país, con el señalamiento de culpables, responsables, circunstancias, cómplices y relación de víctimas. Con gran profusión de detalles, los parlamentarios estadounidenses y brasileños acusan a funcionarios públicos de sus propios países de la práctica de tortura y asesinato, de falseamiento de información y de comportamiento indigno para con los detenidos, para con el nombre de agencias gubernamentales en ejercicio, para el nombre y el prestigio de sus propios países y, en definitiva, de la humanidad entera. Y esas autodenuncias, que arrancan hasta lágrimas en los mandatarios, hacen a esos países más fuertes, más dignos, más honestos y más fiables porque son el reconocimiento de la verdad de su propia historia, un ejercicio de asunción de la culpa como colectividad y un punto de inicio para la rectificación. Un ejercicio, también, el de estos informes que, como otros similares en los últimos tiempos (por ejemplo, el llamado 'Informe Sabato' en Argentina ?las investigaciones, los juicios y condenas de la Comisión de la Verdad sobre desaparecidos y torturados en ese país durante la última dictadura-, generan, además de un muy saludable soplo de aire fresco en un mundo dedicado a la mentira y la simulación, una verdadera envidia en cualquier inteligencia, sobre todo cuando son comparados con el ominoso silencio, el ocultamiento, la tergiversación y las mil manipulaciones realizadas en España sobre el franquismo y sus crímenes.
Las últimas negativas del gobierno español a las solicitudes de extradición de torturadores españoles para ser juzgados en otro país; los obstáculos oficiales y las trabas intolerables para la recuperación de restos de asesinados por la dictadura o las continuadas burlas verbales y periodísticas de destacados cargos públicos e informadores mercenarios hacia quienes piden justicia y reparación por los crímenes franquistas, no son sino las más recientes constataciones de la intención de enterrar las responsabilidades de los autores y cómplices de la dictadura franquista, una de las más sangrientas de la Historia y cuya impunidad causa vergüenza en cualquier sensibilidad y un especial bochorno moral en cualquier español frente a la simple idea de Justicia.
El inaplazable proceso al franquismo, la denuncia y condena de sus responsables, el esclarecimiento detallado de sus crímenes, robos, arbitrariedades y falsedades es mucho más que una asignatura pendiente de este país: es el paso necesario e imprescindible para que cualquier mensaje político tenga sentido, para volver a creer en la Justicia y en sus supuestos adalides, en los discursos y sus sospechosos significados, en las constituciones y sus improbables garantías; es la condición sine qua non para que la Democracia se ajuste en este país a lo que significa su nombre y no esa especie de régimen de componenda, baratillo y fachada de reparto de prebendas, y para que ante cualquier denuncia, como la que ahora publica el Senado de EEUU o el gobierno de Brasil, los españoles no tengan que, una vez más, bajar la cabeza.