Espectáculo patético y lamentable el que ofrecieron el viernes pasado, en una forzada rueda de prensa, el Presidente de la Diputación de Salamanca Javier Iglesias y su Vicepresidente y Diputado de Fomento Carlos García Sierra. En estado de pánico y desesperación, pretendieron engañar a todos los salmantinos presentándose como abanderados de la lucha contra la corrupción, adelantándose a la inminente e inevitable denuncia que tenía preparada el grupo socialista sobre presuntos casos de corrupción en las contrataciones del gobierno de la Diputación.
En esta rueda prensa anunciaron la detección de irregularidades en el área de fomento referente a la contratación, por procedimiento negociado sin publicidad, reconociendo la adjudicación, a cinco empresas de contratos de obra por importe de 12 millones de euros. El presidente de la Diputación, en una huida hacia adelante, se sirvió de la manipulación y perversión de los datos para responsabilizar de toda esta trama a dos funcionarios, uno de ellos cargo de libre designación, muy cercano al Alcalde de Salamanca, que separándolos de sus funciones y haciéndolos únicos responsables de todo lo que pudiera ocurrir lo ponía en conocimiento de la fiscalia.
Es inconcebible lo que estamos presenciando en el ámbito político. Está visto que la desfachatez política de los cargos del partido popular no tiene límites. Pase lo que pase, siempre encontrarán personas ajenas a las que responsabilizar de todos los males. Nunca reconocerán su incompetencia y responsabilidad. Nadie se puede creer que ningún funcionario apruebe contratos sin la firma final del responsable político, en este caso de Carlos García Sierra diputado de fomento y a la vez tesorero del partido popular. ¿Por qué el Presidente no ha exigido responsabilidades políticas a su diputado? ¿Cual es el grado de incompetencia exigible a un diputado para cesarlo? Posiblemente porque el primero en abandonar su cargo debería es él, bien por tener conocimiento y no evitarlo o bien por tonto y desconocer lo que pasa en su propia casa, además de la manifiesta incapacidad para ofrecer explicaciones coherentes y creíbles que despejen toda duda de cómo ejerce su cargo público. De momento ha perdido toda la legitimidad moral y ética para desentrañar toda esta trama. La última demostración de desvergüenza y esperpento ha sido la de pedir la dimisión del grupo socialista al hacerlos responsables de falta de celo en su labor de oposición, cuando todo el mundo sabe y conoce cómo funcionan las comisiones de trabajo en la Diputación y Ayuntamiento de Salamanca, donde la opacidad y falta de transparencia es norma común y donde cualquier intento de control democrático choca con la aplastante y prepotente mayoría absoluta del partido popular.
Es evidente que, una vez más, estamos ante una presunta trama de concesiones irregulares de contratos en la Diputación de Salamanca que preside Javier Iglesias y que pudiera tener ramificaciones importantes en el partido popular, tanto a nivel local como regional. Asimismo, es también evidente, que se debe poner límites a esa connivencia entre políticos y empresarios que ha permitiendo colocar a los amigos en los sitios adecuados, sin criterios de eficacia y rentabilidad, sin ninguna transparencia, impidiendo la libre competencia entre empresas.
Señor presidente de la Diputación, el uso del dinero público hay que gestionarlo con absoluta transparencia, y cuando se tiene la responsabilidad de manejarlo hay que ser escrupuloso. Usted en su comparecencia ha estado muy lejos de despejar dudas, al contrario, ha dejado en evidencia la falta de control en la adjudicación de contratos a empresas privadas, donde las malas prácticas, parece ser norma habitual, permitiendo gozar a ciertas empresas de un aparente trato preferente.