Todos estamos de acuerdo en que las personas son responsables de sus decisiones y elecciones voluntarias, lo contrario, comportaría problemas y dificultades y nos haría inviables como Sociedad. El principio ético de autonomía consagra este derecho en cualquier acto sanitario, clínico y/o sociosanitario. Es decir, respetar la facultad que tienen las personas para decidir sobre su propia Salud, asumiendo la responsabilidad de ésta y respetando la de los demás. Tal es así que recientemente la Convención Internacional de Naciones Unidas de 2008, reconoce en su artículo 12, el derecho a decidir de las personas con discapacidad intelectual, aunque dependiendo de su capacidad esta debe ser tutelado y/o asesorado, como ocurre habitualmente con todas las personas en relación con temas complejos como los jurídicos, los financieros y otros. En el ámbito de la Salud para que las decisiones sean responsables las personas necesitan de información y formación por lo que la Educación se convierte en una competencia transversal esencial y es la base más sólida para la toma de decisiones y para mejorar su Bienestar Social. En el binomio Salud-enfermedad, la Educación Sanitaria y la Educación para la Salud son básicas; pero como éstas no suponen rendimiento efectivo inmediato ni negocio y si requieren de habilidades sociales y de comunicación y, sobre todo, de mucho esfuerzo, todo el mundo habla de su necesidad; pero nadie la hace. Así los individuos son responsables de sus decisiones sobre su Salud-enfermedad; pero al ser este un tema complejo no suelen disponer de la información adecuada para tomar decisiones correctas. Por esto, su autoresponsabilidad, que consagra la libertad de las personas, no puede ser la única y hay que añadir la responsabilidad social puesto que una Sociedad debe asentarse en la solidaridad porque se requieren muchos recursos complejos y costosos para la Atención Sanitaria y Social y así hacer efectivo el Derecho a la Salud. Para cumplir con la responsabilidad social se instauran los sistemas sanitarios públicos que permiten llegar a todos a través de la accesibilidad y la cobertura universal. Actualmente, éstos están cuestionados por su sostenibilidad económica; pero a nadie le cabe la menor duda que éstos suponen un pilar básico y esencial para mejorar los niveles de Bienestar y, por tanto, lo que cabe es mejorar sus deficiencias de organización y gestión y no buscar excusas en la responsabilidad individual, dado que se ha trabajado muy poco por la promoción de la Salud, la prevención o los autocuidados través de la Educación Sanitaria, cuando todos los expertos refieren que es el elemento más trascendente y determinante para la Salud individual u Comunitaria.
Por otra parte, difícilmente podríamos culpar a nadie de sus patologías y enfermedades crónicas por haber llevado un estilo de vida nocivo durante años cuando muchas de sus decisiones están condicionadas y/o determinadas por sus conocimientos y destrezas y por sus circunstancias socioeconómicas. Por tanto, la autoresponsabilidad no puede utilizarse ni argumentarse para realizar recortes en los servicios y prestaciones de los sistemas sanitarios y sociales.
En resumen, la Salud como derecho básico tiene tanta importancia y trascendencia que su falta incapacita a las personas para disfrutar de la Vida y de la Igualdad de Oportunidades. Luego debe ser preservada y fomentada tanto de forma individual (autorresponsabilidad) como social (sistema sociosanitario); porque la Salud tiene un valor por sí misma, quien experimenta su falta sabe que ha perdido un recurso para la Vida; pero también percibe una pérdida en su capacidad funcional, sufre dolor por enfermedad y un deterioro corporal. Su valor, por tanto, depende de sí misma, no de cosas externas que se puedan conseguir con ella como el dinero o la posición social.
Para la Salud individual, la autorresponsabilidad de un estilo de vida saludable?
Para la Salud y su responsabilidad social, un sistema sanitario bien financiado y mejor gestionado?
JAMCA