Seguramente se habrá dicho ya cuanto era posible a propósito del 9N, pero no me puedo resistir ?ni quiero- a constatar alguna evidencia que, desde mi punto de vista, no se ha valorado convenientemente.
Por un lado, apoyada en la legitimidad constitucional de 1978, Cataluña es parte integrante de España ?o del Estado Español como prefieren algunos que parecen ignorar que la correcta denominación de este país es Reino de España-, le guste o disguste a quien sea. En consecuencia, todos los españoles tienen derecho a participar en los procesos que afectan al territorio. Todos.
Y es evidente que no todos fuimos llamados a participar en el 9N. Ya solo por eso la parodia del domingo carece de legitimidad. Cuando ustedes quieran convocamos aquí un referéndum para eximir de impuestos a los salmantinos y repartir la carga tributaria entre el resto de españoles. Carece de fundamento jurídico e insulta al sentido común que voten únicamente unos lo que nos afecta a todos.
La otra evidencia es aún más obvia: solo un tercio de los catalanes dijo sí/sí. O sea, el 66% de los convocados dijeron con su elocuente silencio que no/no.
Con esos mimbres el único cesto factible es callarse y ponerse a trabajar. Pero no. Hay quien sostiene que ahora más que nunca la independencia de Cataluña es inevitable. ¡Cómo diantres puede decirse semejante tontería!. Los resultados han sido claros y aplastantes, sí, pero en sentido contrario al que proclaman los histriones secesionistas.
Sólo la hipocresía más absoluta junto a la profunda convicción de la estupidez del oyente pueden ocasionar una proclama tan cínica. Políticos al cabo, todos han ganado tras cualquier elección, ya se sabe.
En tal estado de cosas, lo sensato y prudente es callar y que cada cual valore y concluya por sí mismo, pero no. Aquí nos volvemos todos oráculos y nos ponemos a explicar lo evidente como si el resto de mortales fueran incapaces de verlo. A tal punto que hasta las Fiscalías (la general del Estado y la de Cataluña) se ponen a estudiar la interposición de una querella en cuyo contenido no están de acuerdo los distintos fiscales.
Y no me extraña. Desde el punto de vista de este modesto observador y según fuentes habitualmente bien informadas, parece que existe un artículo en el Código Penal (407 o 408, por ahí creo que debe andar) a cuyo tenor comete delito "La autoridad o funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionalmente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables"; de manera que ningún fiscal medianamente profesional, honrado y valiente podría querellarse contra Artur Mas sin hacerlo al propio tiempo contra Rajoy que, aunque mirase para otro lado, no podrá negar que tuvo noticia del esperpento organizado por la Generalitat.
Yo no sé si es delito lo que han hecho Mas, y los demás (o de Más); pero si lo fuere, Rajoy omitió su deber de perseguirlo y delinquió también por esa omisión.
Y por eso es absolutamente inaceptable que traten de explicarnos unos lo que hemos visto y entendido todos y que quieran otros recomponer el tipo a toro pasao, desfaciendo a posteriori entuertos que no zanjaron a tiempo.
El elocuente silencio de la abrumadora mayoría de catalanes es por sí mismo aleccionador e instructivo, y haríamos bien todos en corresponder a esa voluntad tan claramente expresada con nuestro propio, respetuoso silencio. La Fiscalía también.