La escandalosa indiferencia social

   Si desgraciadamente ya no sorprende que muchas injusticias pasen inadvertidas para gran parte de nuestra población, me cuesta creer que la imagen tomada por José Palazón, activista de la ONG melillense PRODEIN, no cause rechazo y vergüenza inmediata a todos los españoles. Tras la repercusión que ha tenido la fotografía en las redes sociales, muchos comentarios se han centrado en las personas que practicaban deporte testigos de la desesperación de los jóvenes que luchan por alcanzar tierras españolas en busca de una vida más prospera. Hay los que defienden a quienes "únicamente se limitan a seguir su rutina," sin tener la obligación de modificarla ya que, se trata de una "situación a la que están acostumbrados en Melilla" y ellos no son quienes "tienen la culpa". Pero, al margen de la demagogia utilizada para desviar la atención del principal problema, la instantánea no refleja otra cosa que la escandalosa indiferencia social y la falta de solidaridad.

     Lo que a mi parecer resulta el colmo de la desfachatez es que el 80% de la financiación de dicho campo de golf proceda de los fondos europeos de desarrollo territorial FEDER, cuyo objetivo es "reducir las diferencias que existen entre los niveles de desarrollo de las regiones europeas". No solo reitero mi indignación ante la falta de ética y solidaridad de quienes encuentran apropiado este tipo de comportamientos y apelan por continuar mirando hacia otro lado, sino que me preocupa enormemente el papel que están jugando las autoridades. En el ámbito legislativo estamos siendo testigos de modificaciones, que de llegar a hacerse efectivas, darán cabida legal a prácticas abominables.

     El Gobierno se propone legalizar, a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, lo que llaman "devoluciones en caliente". A su vez, el Ministerio del Interior ha anunciado el establecimiento próximo de un protocolo a partir del cual se considerará que el inmigrante se encuentra en suelo español, solo cuando haya rebasado el "sistema perimetral de seguridad", precisando que se entenderá por tal, tanto las barreras que suponen los medios físicos como los medios humanos. Es decir, se están tratando de legalizar prácticas que juristas y ONG han tachado ya de inconstitucionales, contrarias a la actual Ley de Extranjería y al Tratado de Readmisión con Marruecos de 1992; por no hablar de la normativa europea y el derecho internacional, que a mi juicio también estarían siendo vulnerados.

   Amnistía Internacional está promoviendo, mediante la campaña difundida en las redes sociales #PortazoAlGobierno, que se graben y difundan portazos simbólicos contra devoluciones de las personas migrantes y refugiadas en Ceuta y Melilla. Diversas organizaciones han recogido material visual donde se constatan los malos tratos, agresiones y vejaciones a que son sometidos. Que España haga posibles estas expulsiones sumarias puede llevar a consecuencias tan nefastas para los Derechos Humanos como que el gobierno permita que estas personas sean perseguidas, torturadas, desaparecidas e incluso puede poner en peligro su vida tanto en los países de origen como en los de tránsito, como es el caso de Marruecos.

     Si los abundantes valores morales y éticos que están en juego ante el trato que reciben a diario estas personas no nos parecen suficientes, ¿vamos a consentir también que nuestro país destine libremente fondos previstos para disminuir las diferencias entre territorios para acrecentarlas, o que se salte sin miramientos las leyes nacionales e internacionales existentes?