El pasado mes de junio se cumplieron ocho años desde que el 'invento' Madrigal Participaciones ?aquella sociedad de inversión integrada por las entonces seis Cajas de Ahorro de la región y por la Junta de Castilla y León- adquirió, después de muchas idas y venidas, y dimes y diretes, los supermercados El Árbol, ésos que, según aparece en su web, son "la octava cadena de distribución de España por superficie de ventas" y que cuenta con 455 establecimientos comerciales distribuidos en diez comunidades autónomas: Castilla y León, Asturias, Extremadura, Cantabria, Galicia, Murcia, Andalucía, Valencia, Navarra, La Rioja y Aragón.
No se entiende muy bien cómo sí esa compañía, de la que hasta hace sólo unos días el principal accionista, con un 40%, era, precisamente, ese 'engendro', haya acabado en manos de DIA, máxime cuando, según los datos oficiales, las ventas netas de El Árbol en 2013 alcanzaron los 822 millones de euros, aunque con una fuerte caída frente a 2012, año en que la empresa obtuvo una cifra neta de negocio de 954 millones de los que 849 millones fueron ventas y 105 millones, prestaciones de servicios.
Probablemente, lo recaudado no alcanzara lo previsto y lo razonable, habrán considerado, era desengancharse, por lo que pueda pasar. Ahora bien, 'lo mejor' de todo son las advertencias de la Junta de Castilla y León a la cadena compradora.
De hecho, ayer el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez alertó a DIA que el Ejecutivo regional no será "neutral" si su compra del grupo El Árbol "causa algún daño" al sector agroalimentario, a los agricultores y a los ganaderos de la comunidad.
Ahora, hay que proteger intereses, ya se sabe, las elecciones municipales y autonómicas cada día están más próximas y no es momento de echarse encima a los productores y menos si de lo que es trata es de no cobren todo lo que se les adeuda.
Pero, a no preocuparse, ya que, según De Santiago-Juárez, "en pocos días" está prevista una reunión "al máximo nivel" entre representantes de la multinacional DIA y de la Junta de Castilla y León, al menos con los consejeros de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, y de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente.